El Supremo sube a 7,5 años la condena a expresidente de la patronal del metal

El Tribunal Supremo (TS) ha elevado a siete años y cuatro meses de prisión la condena impuesta al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) Antoni Marsal por adueñarse de fondos de la entidad, parte de ellos subvenciones públicas para formación, entre los años 2007 y 2012.

Por estos hechos, la Audiencia de Barcelona condenó el pasado mes de noviembre a Marsal a cinco años y diez meses de cárcel, así como al pago de 382.400 euros de multa y a indemnizar a la UPM con 745.045 euros, además de prohibirle optar a subvenciones públicas y a incentivos o beneficios fiscales durante seis años.

La Sala de lo Penal del TS ha elevado ahora la pena de cárcel impuesta al empresario por dos delitos de fraude de subvenciones en concurso, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de apropiación indebida en relación con el cobro de subvenciones para cursos de formación.

La Sala Segunda ha rechazado los recursos de casación presentados por Marsal y el otro condenado, el ex director general de la UPM Ángel Hermosilla, que ve confirmada su condena a siete meses de prisión como inductor de un delito de falsedad en documento mercantil.

El tribunal considera probado que Antoni Marsal, que presidió la UPM entre 2006 y 2012, se embolsó, a través de varias sociedades superpuestas que controlaba, parte de las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para planes de formación organizados por la patronal.

Mediante la confección de facturas falsas, el expresidente de la UPM se adueñó de parte de esas ayudas públicas y de otras subvenciones otorgadas por la Generalitat para formaciones sectoriales del sector del metal, destinadas prioritariamente a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

El procesado ordenó confeccionar las facturas falsas mencionadas simulando que las empresas que controlaba habían trabajado en el seguimiento de las acciones formativas organizadas por la UPM, pese a que éstas no habían prestado ninguno de estos servicios.

El Supremo sostiene que parte de los fondos recibidos por la UPM como subvención no se dedicaron al fin legalmente previsto, sino que se convirtieron en "ilegítimo beneficio personal" de Marsal.

"No existe constancia de que el condenado realizara ningún servicio que le hiciera acreedor a una retribución, y todo lo que hay es que hizo uso de sus sociedades, que no habían prestado ningún servicio a UPM en actividades formativas, para generar y presentar facturas dirigidas a crear esa apariencia", añaden los magistrados.

El tribunal cree también probado que el ex director general de la UPM Ángel Hermosilla solicitó a Marsal un aumento de sueldo correspondiente a 2010, con efectos retroactivos y que fijaba el salario en 130.000 euros anuales.

Para hacer efectivo ese cobro, añade la Audiencia, Marsal pidió a su esposa, de profesión abogada, que confeccionase dos facturas a su nombre, como autónoma, e incluyera en el concepto de las mismas "seguimiento de acciones formativas", sin que el ex director general hubiera prestado trabajo alguno relacionado con ese tipo de actividades.

En 2012, la ex responsable de Formación de la UPM, junto a otros empleados, redactó una carta -a la que después se sumó la ex jefa de Administración- en la que denunciaba ante la Junta de Gobierno de la entidad presuntas irregularidades en la gestión y dirección, tanto el desvío de fondos perpetrado por Marsal como el aumento de sueldo al ex director general.

La UPM acabó presentando una querella contra su expresidente y ex director general, después de encargar una auditoría que confirmó el desvío de fondos denunciado.