El Salvador pone en marcha primera política para beneficiar pueblos indígenas

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, presentó hoy la primera política pública del país para beneficiar a los pueblos indígenas,[…]

El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, presentó hoy la primera política pública del país para beneficiar a los pueblos indígenas, que "consolida el final de siglos de exclusión", informó la Presidencia.

El Gobierno explicó que la iniciativa posee cinco estrategias principales que abarcan los ámbitos de desarrollo social, económico, cultural, medio ambiente y gestión gubernamental.

"Este es un día histórico para El Salvador. Por primera vez un gobierno asume íntegramente la situación de los pueblos indígenas a través de una política pública que asegura sus derechos económicos, sociales y culturales", dijo Sánchez Cerén.

Durante una ceremonia de presentación a la que asistieron decenas de representantes de los pueblos nahua-pipiles, lencas y kakawiras, lo consideró "uno de los actos de justicia más importantes en la historia de El Salvador".

La ministra de Cultura, Silvia Elena Regalado, apuntó que la iniciativa es "producto del diálogo" con las organizaciones sociales que representan a los indígenas e instituciones gubernamentales en la llamada Mesa Multisectorial de los Pueblos Indígenas.

Regalado señaló que será un "instrumento de planificación gubernamental para promover los derechos de este sector de la población".

Los diferentes pueblos indígenas casi desaparecieron en El Salvador en 1932 con una matanza de ordenada por el dictador Maximiliano Hernández Martínez tras una insurrección.

La expropiación de tierras comunales a los pueblos indígenas y un fraude electoral fueron dos de las principales razones que llevaron a la insurrección, similar al levantamiento indígena registrado en 1832, cuando El Salvador formaba parte de la República Federal de Centroamérica.

El Congreso salvadoreño reconoció constitucionalmente a los pueblos indígenas el 12 de junio de 2014, pero no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al Estado a reconocerlos, respetar sus formas de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios.

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