El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, quiere más control por las comisiones de auditoría
Recomienda que los consejeros se reunan a solas, sin los ejecutivos de las empresas, y que interactúen con el auditor externo
La actuación de las auditoras y de los comités de auditoría ha sido puesta en cuestión en casos como la salida a Bolsa de Bankia o, ahora, en el Popular. De hecho, el Ministerio de Economía ha reclamado a través del ICAC información a PwC, auditora del Popular, sobre las cuentas del banco que presidía Emilio Saracho. Unas cuentas cuyas pérdidas de 2016 incrementó el nuevo equipo gestor tras «reexpresar» las mismas a escasas semanas del cierre del ejercicio.
En este contexto, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere implantar mejores prácticas por parte de las comisiones de auditoría de las sociedades cotizadas, de las empresas de interés público -como El Corte Inglés o Mercadona- y todas las entidades financieras estén o no en Bolsa. En concreto, en la guía de buenas prácticas que el regulador publicará el próximo mes de julio se incorporará la necesidad de que la comisión de auditoría «debe reunirse a solas, sin presencia de los ejecutivos de la sociedad», salvo que se les haya convocado para que informen. Asimismo, la comisión debe participar en la selección del auditor externo -con el que deben mantener una comunicación constante- y en la determinación de los criterios de selección, donde el precio no puede ser el elemento preponderante. Además, los integrantes de la comisión de auditoría tienen que ser externos y la mayoría independientes y regirse por el principio de escepticismo para detectar anomalías. Los consejeros -y en especial los de la comisión de auditoría- responden penalmente de la actuación de la empresa, salvo que demuestren haber actuado con la diligencia debida.
Por otra parte, el organismo que preside Sebastián Albella quiere dar una nueva vuelta de tuerca a las políticas de retribución de las cotizadas por las que se fijan los sueldos de sus directivos, «ajustándolas más a la realidad» por la que puedan pasar esas empresas. Esas recomendaciones sobre políticas retributivas buscan que no se incentive la asunción de riesgos a corto plazo y que haya consecuencias para los ejecutivos si de su gestión se desprende un fracaso societario.
Se trata también de «dotar de mayor transparencia» a la distribución entre remuneraciones y fondos de pensiones y que exista coherencia entre lo que cobran los altos ejecutivos y la siguiente línea de directivos y con la propia compañía. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló hoy durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, que la retribución de los directivos debe ir «unida y en paralelo a la generación de valor» de los accionistas de esa compañía.
