El periodo medio de pago a proveedores en 2013 fue de 126 días en CLM

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente al ejercicio de 2013, que señala que el periodo medio de pago a proveedores se situó en 126,95 días, con lo que se "sobrepasó en todos los ámbitos el plazo máximo permitido en la ley".

El informe recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Comunidad y por las entidades que integraban su sector público durante el citado ejercicio.

Además del periodo de pago a proveedores, el informe señala que el hecho de que no todas las modificaciones presupuestarias contaran con financiación específica provocó que se produjera un desequilibrio entre los créditos definitivos del presupuesto de gastos y las previsiones finales de ingresos, por importe de 184 millones de euros.

Según el Tribunal de Cuentas, al cierre de 2013, el saldo de la cuenta 409 -acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto-, ascendió a 7 millones de euros, y añade que de haberse realizado una correcta imputación temporal de las obligaciones al ejercicio en el que se realizaron los gastos, el resultado presupuestario del ejercicio y el remanente de tesorería de la Junta habrían aumentado en 4 millones de euros.

A pesar de extinguirse el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, a 31 de diciembre de 2013 todavía recogía importantes saldos (pendientes de liquidar) en determinadas partidas.

Asimismo, el saldo final de la cuenta 409 -acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto- del Servicio de Salud fue de 56 millones de euros.

De haberse realizado una correcta imputación temporal de las obligaciones al ejercicio en el que se realizaron los gastos, el resultado presupuestario del ejercicio y el remanente de este organismo habría disminuido en 12 millones de euros.

El informe también recoge que Castilla-La Mancha incumplió el objetivo de estabilidad fijado para 2013 (1,3 % del PIB regional) ya que el déficit alcanzado en ese ejercicio fue de un 2,09 %.

Esto se debió tanto a la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, como por la regularización del IVA devengado en las obras ejecutadas por la Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha.

El importe de ambos hechos ascendía a 294 millones de euros, por lo que descontados los efectos de ambas medidas excepcionales la cifra del déficit supondría el 1,29 del PIB regional.

Al cierre del ejercicio fiscalizado, el proceso de reordenación del sector público autonómico habría alcanzado el 95 % del objetivo inicial de reducción en número de entes, que era de 44.

En materia de contratación administrativa se han detectado deficiencias a la hora de justificar la necesidad para el servicio público de los contratos adjudicados y de establecer criterios de adjudicación objetivos y precisos; asimismo, en los contratos de obras se han producido importantes demoras en la ejecución.

En función de los resultados de la fiscalización, se realizan una serie de recomendaciones, la mayor parte de ellas coinciden con las que fueron incluidas en el informe de 2012.

Entre otras, el Tribunal de Cuentas recomienda a la comunidad autónoma la modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda y la integración en la Cuenta General de las cuentas de todos los entes del sector público regional.

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