El juicio contra los directivos de Caja Segovia comienza el próximo martes

La Audiencia Provincial de Segovia acoge el próximo martes la vista oral contra once cargos de distinto nivel de la antigua Caja de Ahorros de Segovia por un plan de prejubilaciones que, en su conjunto, ascendió a 17 millones de euros.

Los acusados son tres altos cargos del consejo de administración y otros tres directivos de la entidad por un delito de apropiación indebida agravado por otro de administración desleal, así como otros cinco miembros de la dirección por su condición de responsables a título lucrativo, así como a la entidad aseguradora Caser.

El martes se prevé que se aborden las cuestiones previas, mientras que las sesiones continuarán los días 5, 6, 7, 12, 14 y 19 de febrero.

El 19 de enero de 2018, seis años y casi dos meses después de que admitiera a trámite una denuncia presentada por la desaparecida UPyD, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia tomó la decisión de sentar en el banquillo de los acusados a once exdirectivos y exconsejeros de Caja Segovia.

En un auto, la magistrada Silvia Conde decretó la apertura de juicio oral contra Atilano Soto, presidente de la entidad, Manuel Escribano, director general, Manuel Agudíez, vicepresidente del consejo, Antonio Tapias, secretario general, y Elena García Gil, vicepresidenta del consejo.

Asimismo son acusados Enrique Quintanilla, jefe de recursos humanos, y los miembros del equipo de dirección Miguel Ángel Sánchez Plaza, Óscar Varas, Juan Magaña, Malaquías del Pozo, Juan Antonio Folgado y la compañía aseguradora Caser.

En un auto fechado el 15 de junio, la Audiencia Provincial rebajó a 6,8 millones - de casi 24,5 millones de euros solicitados inicialmente- la fianza conjunta y solidaria de exaltos cargos de la entidad acusados de apropiación indebida, junto con Caser.

La rebaja también afectó a las cantidades solicitadas a los cinco exdirectivos implicados por su responsabilidad civil a título lucrativo.

En rueda de prensa, el abogado de la acusación popular que ejerce IU, Alberto López Villa, ha advertido de la estrategia de la defensa de que no se considere como acusación particular a la Fundación Caja Segovia, por no considerarla perjudicada.

A su juicio, de reconocerse este hecho, unido a que el Ministerio Fiscal ha pedido el archivo, podría dar por anulado el proceso.

López Villa ha defendido que la fundación, heredera de Caja Segovia, fue perjudicada ya que esta entidad aportó el 2,02% al Banco Financiero y de Ahorros, que creó Bankia, y luego lo perdió pero fue por la salida a Bolsa.

Además ha advertido de que a IU se le podría considerar acusación particular y no popular porque participaba en las instituciones que nombraban a miembros consejo y de la asamblea de Caja Segovia.

A juicio de López Villa, la cuentas de la entidad estaban "absolutamente maquilladas" y no se tenían en cuenta las valoraciones reales de activos inmobiliarios, pese a lo cual se realizó un elevado plan de prejubilaciones.

Para el concejal de IU, Ángel Galindo, se trata de un juicio esperado por la sociedad segoviana ya que la desaparición de Caja Segovia "generó mucha indignación porque los directivos diseñaron un plan de prejubilaciones millonarias a pesar de su desastrosa gestión entidad".

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