El Gobierno estudia esta semana la norma que evalúa los conocimientos financieros

El Gobierno quiere aprobar esta semana el anteproyecto de ley que traspone la directiva europea Mifid II. Una normativa que[…]

El Gobierno quiere aprobar esta semana el anteproyecto de ley que traspone la directiva europea Mifid II. Una normativa que dará más transparencia a los productos financieros y que, entre otras cosas, obligará a evaluar a los clientes en función de sus conocimientos para evitar que los bancos les puedan ofrecer inversiones para las que no están preparados. La ley también pretende mejorar la protección de los consumidores respecto a la comercialización de estos productos. El Gobierno tiene hasta julio para incorporarla a la legislación española; por eso quiere iniciar la tramitación este mes, según anunció este miércoles la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ana María Martínez-Pina, durante su intervención en el Observatorio Financiero organizado por el Consejo General de Economistas. La normativa, que deberá entrar en vigor el 1 de enero de 2018, también afectará a los empleados de la banca y de todas las sociedades que ofrezcan productos de inversión -fondos, participaciones en Bolsa y otros activos-. En concreto, estos trabajadores tendrán que ser evaluados para comprobar que tienen una formación mínima para comercializar estos productos. Unos conocimientos que se recogerán en la 'Guía para la evaluación de los conocimientos y competencia' que elaborará la CNMV.

En principio, se pedirá que tengan conocimientos relacionados con cuestiones como los riesgos de los productos y los costes; los diferentes escenarios de rendimientos pasados y futuros; la normativa sobre abuso de mercado y blanqueo de capitales; o la evaluación de los folletos. En cualquier caso, la directiva Mifid II también implicará la revisión de algunos productos financieros, como los derivados sobre materias primas, así como mejorar su supervisión y los mecanismos de control de las autoridades hasta el punto que se podrá suspender su comercialización.

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