El coronel retirado que pidió la dimisión de Ortega será juzgado en Nicaragua

El coronel retirado del Ejército de Nicaragua Carlos Brenes Sánchez será juzgado tres meses después de haber pedido públicamente la dimisión del presidente Daniel Ortega, informó hoy el Gobierno nicaragüense.

Brenes fue presentado hoy ante un juez de Managua por el Ministerio Público, que lo acusa de terrorismo, secuestro, asesinatoy daños a la propiedad, entre otros delitos.

El coronel retirado, de 63 años de edad, es inculpado por el Gobierno de ejecutar actos ilegales en el departamento (provincia) de Carazo, en el Pacífico de Nicaragua, junto con otros ocho hombres, entre ellos el mayor retirado del Ejército Roberto Samcam Ruiz, uno de los mayores críticos del presidente Ortega.

El 16 de mayo pasado Brenes, en nombre de oficiales en situación de retiro del extinto Ejército Popular Sandinista (EPS), leyó una proclama en la que demandó la salida del poder de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes responsabilizan de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua.

La lectura la hizo en la simbólica plaza pública del barrio indígena de Monimbó, municipio de Masaya, 29 kilómetros al sureste de Managua, un antiguo bastión de los sandinistas y que hasta mediados del pasado julio fue uno de los principales focos de la resistencia contra el Gobierno en la actual crisis.

Esta mañana la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizó al Gobierno nicaragüense de producir una "criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al Gobierno".

Entre las violaciones del Gobierno a los derechos humanos que Acnudh ha documentado están "el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales", o bien "desapariciones forzadas", así como "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado".

El Gobierno rechazó estos y otros señalamientos, e insistió en que el informe de la Acnudh es "subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también ha sido descalificada por el Gobierno de Nicaragua debido a un informe con conclusiones similares, apoyó la denuncia de la Acnudh, que incluye 300 muertos como producto de la represión gubernamental.

Organismos humanitarios locales calculan que entre 400 y 500 personas han desaparecido o fueron convertidas en "reos políticos" desde el estallido social de abril.

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