El Congreso tramitará una ley que eleve las multas por morosidad empresarial

El pleno de Congreso ha apoyado hoy tramitar una ley que frene la morosidad empresarial e incremente las sanciones por incumplimiento de los plazos legales de pago, aunque la mayoría de grupos parlamentarios ha pedido que la norma no se limite al sector privado e incluya medidas para la administración.

A falta de la votación, todos los grupos parlamentarios han apoyado tramitar la proposición de ley presentada por Ciudadanos, y que posteriormente será enmendada en su trámite parlamentario.

El portavoz económico de Ciudadanos, Toni Roldán, ha incidido en que el código sancionador no tiene un afán recaudatorio, sino que persigue un régimen que incentive la penalización "a los que no pagan sus facturas a tiempo".

Ha criticado la inacción del Gobierno para frenar la morosidad entre las relaciones comerciales y ha recordado que más de medio millón de trabajadores ha perdido sus empleos por esta causa.

Roldán considera necesario crear un mecanismo de arbitraje que pueda solucionar los pagos de forma ágil, un Observatorio que publique los plazos de pagos y haga un seguimiento, y un código sancionador que multe a las empresas que incumplen sus plazos legales de pago en más de 20 días con multas que van de 2.000 a casi 50.000 euros y para aquellas cuyos plazos exceden en más de 60 días con sanciones que llegan hasta casi los 819.870 euros.

"Debe ser un régimen flexible que se pueda adaptar a las circunstancias de cada empresa y que solo se pague cuando las infracciones son repetitivas", ha dicho Roldán.

La mayoría de grupos parlamentarios defiende que exista un sistema arbitral de resolución de conflictos y un endurecimiento de las sanciones.

Sin embargo, la diputada del PP Susana López ha advertido de que, pese al apoyo a la tramitación de esta iniciativa, "derogar" la actual norma es una "vuelta atrás a los derechos adquiridos" ya que se anularían los plazos de pago previstos y se retrotraerían a los pactados entre las partes.

"Se trata de una propuesta que generará más problemas que soluciones", ha dicho tras explicar que según la escala de sanciones que propone Ciudadanos puede "salir gratis" retrasar el pago de las facturas.

Además ha aludido al coste económico que supondría la creación de un Observatorio o de un buzón de denuncias.

El grupo parlamentario popular ve conveniente adoptar medidas fiscales como incrementar la información que recibe la Agencia Tributaria sobre operaciones comerciales donde hay morosidad por incumplimiento de los plazos previsto.

La diputada del PSOE Patricia Blanquer ha afirmado que el régimen sancionador es un buen sistema disuasorio pero ha abogado porque la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que también se tramita en el Congreso, deje claro que es ilegal pactar plazos de pago entre las partes mayores a 60 días.

También ha solicitado medidas de comprobación y verificación de los pagos de la administración.

La diputada de Unidos Podemos Auxiliadora Honorato ha pedido que se aborde un "cambio decisivo" y ha incidido en que las comunidades autónomas, que tienen potestad para imponer las multas, no las hagan "ridículas".

Ha propuesto que el sistema arbitral se amplíe también a los litigios relacionados con la contratación del sector público, y en este sentido considera que la nueva Ley del Sector de Contratos Públicos acredite la solvencia de las empresas adjudicatarias según sus plazos medios de pago.

El diputado de ERC Joan Capdevila ha advertido de que la propuesta de ley no sea "descafeinada" y ha avanzado que presentarán enmiendas para garantizar el pago de oficio de los intereses de demora y para que la administración pueda abonar directamente las deudas de los subcontratistas.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha apoyado endurecer las multas para que la ley sea "efectiva" y para que a las empresas "no les salga barato" el incumplimiento de los plazos de pago.

El PDeCAT ha incidido en que las medidas deberán ser "ambiciosas" al tiempo que UPN y Foro Asturias ven la urgencia de reforzar la lucha contra la morosidad.