El comité de Ingemar denuncia en un informe la "farsa" de la empresa

El comité de empresa de Ingemar ha entregado hoy a los responsables de la Delegación de Trabajo un informe en el que acusa a la dirección de la compañía de haber creado "una farsa" para cerrar "una planta viable" y "con futuro" como la de Usurbil (Gipuzkoa).

Este informe se ha presentado en una reunión celebrada esta mañana tras haber concluido el periodo de consultas del ERE de extinción para los 72 trabajadores de la planta, en concurso de acreedores desde enero, que tramita un juzgado de Lugo, donde también tiene presencia el grupo Ingemar, dedicado al mármol y al granito.

Los representantes de los trabajadores buscan "desmontar" los argumentos de la dirección de la empresa, que según denuncian "se ha negado a proporcionar toda la documentación legal recogida en la ley concursal", lo que ha causado al comité una situación de "indefensión".

Asegura que Ingemar "ha amañado de una forma descarada los balances de cuentas", desde las "pérdidas, ganancias, activos y endeudamiento", pues "no tienen absolutamente nada que ver las cifras a cierre de noviembre de 2016 con las de cierre de diciembre".

Y añade que la propuesta del grupo "ha sido en todo momento la de mantener una mínima plantilla con una insignificante actividad industrial, sin potenciar ningún futuro a la planta".

"Todo esto, y mucho más, forma parte de una farsa creada por el grupo Ingemar para cerrar una planta viable y con futuro como la de Usurbil", resalta.

Explica que, a partir de ahora, se abre un proceso jurídico en Lugo, en el que van a continuar "defendiendo la viabilidad de la planta y los puestos de trabajo".

La representación social de Ingemar exige a las instituciones vascas "su compromiso con los intereses de la plantilla y la actividad industrial de Usurbil".

A los representantes de la Delegación de Trabajo del Gobierno Vasco les piden la defensa de la planta de Usurbil dentro del concurso, y que la "hagan llegar" al juzgado de Lugo.

"Entendemos que sería un hecho técnicamente obligatorio y políticamente necesario, ante el intento de cerrar una planta viable y dejar en la calle a 72 familias", subraya.

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