El banco Carige ampliará su capital en 630 millones y reducirá la plantilla

El banco italiano Carige, intervenido desde enero por el Banco Central Europeo (BCE), prevé una ampliación de capital de 630 millones de euros (unos 717,17 millones de dólares) y una reducción de la plantilla en más de 1.000 personas hasta 2023, informó hoy la entidad en un comunicado.

Estas medidas se enmarcan en el plan estratégico que el banco ha elaborado para 2019-2023, con el objetivo de relanzar su competitividad.

La ampliación de capital hasta los 630 millones supone un incremento de 230 millones, respecto a los 400 millones de aumento de capital que el banco quería lanzar el pasado diciembre.

En opinión de los gestores temporales, nombrados por el BCE, el plan servirá para reducir "estructuralmente el perfil de riesgo, revisar completamente el modelo de negocios de Carige para garantizar su sostenibilidad en una perspectiva independiente y permitir un rendimiento satisfactorio del capital", se lee en una nota.

Entre la acciones, se encuentra una reducción de la plantilla de 1.050 personas, que no serán despedidas sino que se acogerán a un plan de jubilación anticipada, tal y como explicó a los medios Fabio Innocenzi, uno de los tres administradores extraordinarios.

Carige también contempla el cierre de 100 sucursales tradicionales y una disminución drástica de préstamos deteriorados con el objetivo de llevar la relación de la proporción hasta el 6-7 % del total, a través de la venta de aproximadamente 2.100 millones en créditos incobrables o de difícil cumplimiento.

El banco espera tener un ratio de capital (CET1) del 14 % a final de este año y que la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) alcance el 7 % en 2023.

Carige también publicó sus resultados consolidados en 2018, cuando registró unas pérdidas netas de 272,8 millones, mientras que el ebitda fue positivo en 30,9 millones.

El banco fue intervenido en enero por el BCE, después de que no consiguiera aprobar una ampliación de capital de 400 millones de euros y la emisión de bonos por valor de 320 millones de euros, un fracaso que derivó en la dimisión de la mayoría de sus directivos.

El Gobierno aprobó entonces un decreto ley con el que ofrecía la garantía estatal ante futuras emisiones de obligaciones o una posible recapitalización cautelar con dinero público.

El banco ha emitido ya bonos por 2.000 millones de euros, con una duración de 12 y 18 meses, amparándose en la garantía estatal, pero ha rechazado una recapitalización cautelar.