Economistas UPV precisan que su informe pretendía aportar más que criticar

Los tres catedráticos de la UPV/EHU autores del informe sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en Euskadi han precisado hoy que este estudio pretendía "aportar más que criticar" la actuación de las haciendas forales vascas en esta materia.

Los autores de dicho informe del Instituto de Economía Pública de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Carmen Gallastegui, han contestado hoy, en un artículo difundido en prensa, a la respuesta conjunta de las tres diputaciones forales a lo expuesto durante su comparecencia el pasado lunes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco.

Las tres instituciones forales respondieron a los catedráticos que los planes de actuación contra el fraude fiscal de las Haciendas son públicos y transparentes, que su trabajo en este campo ha conseguido aflorar 4.648 millones de euros entre 2011 y 2015, y rechazaron la creación un nuevo órgano de coordinación de la lucha contra el fraude en Euskadi.

Los catedráticos de la UPV/EHU han precisado hoy en su artículo conjunto que su estudio "en ningún momento sugiere o apoya la idea de que las haciendas forales son ineficaces o tolerantes con la lucha contra el fraude, sino al contrario", dado que el fraude estimado, del 17 %, esta en la media de Europa y es inferior en 5 puntos al de España.

Agregan que el hecho de que el fraude sea inferior en Euskadi no significa que no haya "un amplio camino por recorrer, tanto en términos de medición (del fraude), como de (aplicación) de medidas correctoras".

Precisan también que su informe tenía por objetivo "colaborar en el conocimiento del problema del fraude en Euskadi y disponer de unos resultados que hicieran comprender a todos los ciudadanos que el fraude sea visto como algo antisocial".

Se reafirman, por último, en la necesidad de crear un observatorio independiente sobre fraude fiscal y economía sumergida que se encargue, entre otras cosas, de "mejorar los modelos de medición del fraude y evaluar las medidas de lucha contra él".

Argumentan que la propuesta de este observatorio independiente "no supone cuestionar la voluntad o la capacidad de las haciendas en la lucha contra el fraude, ni la veracidad de los datos que presentan".

"Pero lo que sí que es cierto -señalan-, es que lo habitual, y lo razonable, es que las políticas públicas no sean evaluadas por quienes las diseñan sino por organismos externos".

"La autoevaluación, incluso bienintencionada, puede no ser correcta ya que corre el riesgo de ser excesivamente benévola", afirman por último.

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