Economía.- La UE da luz verde a normas que prohíben el geobloqueo injustificado en las compras por Internet

La música en streaming, los libros electrónicos, los juegos en línea y los servicios financieros, excluidos

La música en streaming, los libros electrónicos, los juegos en línea y los servicios financieros, excluidos

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

Los Veintiocho han aprobado este martes la nueva normativa que prohíbe el geobloqueo injustificado en las compras por Internet en el mercado interior, que actualmente impide que consumidores puedan acceder y comprar productos o servicios desde otros países.

La nueva normativa acabará con las barreras actuales al comercio electrónico al garantizar que se evite la discriminación entre consumidores por motivos de nacionalidad, lugar de residencia o de establecimiento.

Eso sí, los servicios que ofrecen acceso a contenidos protegidos por copyright para su uso o venta, como los servicios de música en streaming, los libros electrónicos, los juegos en línea y software, quedan excluidos de momento de la normativa, algo que revisará a Comisión Europea en un plazo de dos años tras evaluar el impacto de las nuevas normas en el mercado interior, una vez entren en vigor.

Igualmente, los servicios financieros, audiovisuales, de transporte, salud y sociales quedan excluidos.

En concreto, la nueva normativa impedirá la discriminación de consumidores y compañías en cuanto precios, ventas o condiciones de pago a la hora de comprar productos o servicios en otro país de la UE.

Los consumidores tendrán igual acceso a bienes y servicios y no podrán verse discriminados respecto a las condiciones y términos generales, incluido el precio, cuando la empresa venda productos en un Estado miembro en el que ofrece servicio de entrega o un punto de recogida acordado con el cliente, pero también cuando ofrece servicios suministrados vía electrónica como los servicios en la nube o servicios que recibe el cliente en un país donde opera, incluido el alojamiento hotelero, eventos deportivos, alquiler de coches o la compra de entradas para festivales de música o parques temáticos.

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NO SE PROHÍBE LA DIFERENCIACIÓN DE PRECIOS

La normativa, eso sí, no prohíbe una diferenciación de precios, solo la discriminación. De esta forma, las empresas podrán seguir ofreciendo condiciones generales diferentes, incluidos precios, en función de grupos de clientes en territorios específicos.

Las empresas proveedoras tampoco estarán obligadas a suministrar bienes a clientes fuera de los países de la UE, aunque ofrezcan servicios de entrega en los mismos.

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Por lo que se refiere a la forma del pago de las transacciones, la nueva normativa también prohibirá la discriminación injustificada en función de los métodos de pago.

Es decir, que las empresas no podrán aplicar diferentes condiciones de pago a clientes en función de su nacionalidad, lugar de residencia o de establecimiento.

Además, las empresas vendedoras no podrán bloquear ni limitar el acceso de los clientes a su interfaz en Internet por motivos de nacionalidad o lugar de residencia y, en caso de que ocurra, deberán justificar de forma clara ambos extremos o si redirigen a clientes a una versión diferente del mismo.

La nueva normativa prevalecerá como norma general en caso de conflicto con las normas sobre competencia, aunque queda claro que el derecho de los proveedores a imponer restricciones de venta no se verá afectado.

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La normativa sobre competencia de la UE distingue entre las ventas pasivas -a partir de ordenes no solicitadas, cuya restricción generalmente se considera una vulneración de la normativa y las activas -aquellas que las empresas dirigen a determinados consumidores y cuya restricción se enmarca dentro de la libertad comercial--.

"El fin del geobloqueo significa una mayor oferta y en consecuencia mejores precios para los consumidores y más oportunidades para las empresas", ha resumido la ministra búlgara, Lilyana Pavlova, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE este semestre tras el visto bueno de los Veintiocho a las nuevas normas.

La Eurocámara ya aprobó en febrero las nuevas normas, que entrarán en vigor nueve meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, prevista antes de finales de marzo.

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