Comité de Ferroatlántica advierte de intervención política en la segregación

El Comité de Ferroatlántica ha presentado hoy las alegaciones al trámite abierto en la Xunta por Ferroatlántica solicitando autorización administrativa para la supresión de la prohibición de segregación de actividades, y ha advertido de la intervención política del Gobierno en el proceso.

El comité ha comparecido en rueda de prensa en la Universidad de A Coruña (UDC) acompañado por el profesor Carlos Aymerich, donde sus portavoces han advertido de que el Grupo Villar Mir "intenta ocultar a la Xunta que el verdadero objetivo de esta operación es obtener dinero para afrontar su abultada deuda".

Tanto las alegaciones como el informe técnico-jurídico previo han sido supervisados por el profesor titular de Derecho Administrativo de la UDC, Carlos Aymerich, encargado de desgranar el documento.

En el mismo, se "desmontan" las tesis de la empresa que esgrime para justificar su solicitud, como "la desaparición del interés público y la supuesta puesta en riesgo del régimen de interrumpibilidad", e insinúa que la cláusula de no segregación resultaría contraria al principio de libertad de empresa.

Según Aymerich, Ferrotlántica no solicita la anulación de las cláusulas, sino la revocación parcial de la concesión en vigor, porque "al existir sentencia judicial firme del TSXG avalando la legalidad de la cláusula no puede pedir, otra vez, la anulación de la misma".

"Es más -continúa- frente a lo que se asevera en el informe de la empresa, la Xunta no tiene deber legal ninguno de acceder a la solicitud. Si autoriza esta modificación será por una decisión política. Y, en todo caso, esta decisión política tendría consecuencias jurídicas, entre ellas, que el grupo Villar Mir no podría mantener la concesión de los aprovechamientos y decidir sobre la venta de las centrales como si fuera el propietario de los ríos".

Además, sostiene, de suprimirse la prohibición de segregar actividades, la Xunta debería aportar una sólida justificación de cuál es el interés público que justifica acceder a la petición de la empresa, "cuando lo que está en juego es el futuro del empleo y de la actividad de las fábricas de la Costa da Morte".

Ante esta situación, el comité advierte: "Sabemos que si le permiten a Ferroatlántica vender las centrales, las fábricas cierran automáticamente, que a nadie le quede duda".

En cuanto a los argumentos empresariales del supuesto cambio de circunstancias y la desaparición del interés público que fundamenta la cláusula de no segregación, Aymerich ha explicado que la empresa no aporta, en la documentación remitida a la Xunta, "datos ni evidencias concluyentes" que justifiquen esta inversión.

De hecho, añade, "por más que Ferroatlántica se lo intente ocultar a la Xunta de Galicia, la naturaleza cíclica y complementaria de ambas actividades es la que justifica su mantenimiento.

"Tanto es así -enfatiza-, que el propio grupo empresarial reconoce en la información a sus accionistas y a los organismos bursátiles que la venta de las centrales impactaría negativamente en la continuidad de la actividad de fabricación de ferroaleaciones al incrementar su exposición a futuros incrementos de los precios energéticos".

Por ello, indica que el interés público que justificó la inclusión de la cláusula de vinculación societaria sigue plenamente vigente y no es otro que el mantenimiento del empleo y de la actividad industrial de ferroaleaciones en la Costa da Morte, más concretamente, en los centros de Cee y Dumbría, asevera Aymerich.

En cuanto al argumento del supuesto riesgo de la vinculación de actividades para que la empresa se beneficie del régimen de interrumpibilidad, asegura que el riesgo no es la cláusula de vinculación societaria que la empresa quiere eliminar sino "la deficiente gestión empresarial".

Aymerich se ha referido a "contradicciones" e "incongruencias" de la empresa, como el hecho de afirmar que la venta se quiere hacer para obtener recursos con los que financiar un plan industrial que asegurará el empleo y la actividad industrial no solo en la Costa da Morte, también en otras comarcas de Galicia e incluso del Estado.

Realiza esta afirmación Ferroatlántica al tiempo que traslada a accionistas y entidades reguladoras que la causa de la venta de centrales es reducir el apalancamiento financiero del grupo y hacer frente a su abultada deuda, concluye el profesor.

"Parece difícil conjugar ambos objetivos. Y la empresa lo sabe: por eso intenta ocultar a la Xunta de Galicia, en su solicitud y en el dictamen que la acompaña, cualquier referencia a la verdadera finalidad de la venta de las centrales, esto es, la declarada a los accionistas y a los reguladores. Pero la Xunta debe tener esto en cuenta", alerta.

A la espera de conocer la decisión de la administración gallega al respecto, los trabajadores de Ferrotlántica han convocado una huelga en las centrales y fábricas para el sábado 8 de julio, día en el que toda la comarca de la Costa da Morte está llamada a secundar una manifestación en Compostela de rechazo a la venta de las centrales hidroeléctricas y demandar de la Xunta que no autorice la segregación de actividades.

Previamente, el personal hará una marcha a pie en varias etapas, con salida el 5 de julio desde Cee y llegada el mismo 8 de julio a Compostela.

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