CEOE aceptó alquilar coche de Cepyme a empresa de expresidente, dice testigo

El ex secretario general de Cepyme Elías Aparicio ha asegurado hoy que la CEOE permitió que la patronal de la mediana empresa arrendase a una sociedad del expresidente Jesús Bárcenas un coche oficial al ser un requisito "necesario para el desempeño mínimamente seguro de sus funciones representativas".

Una versión que ha refutado el Ministerio Público, que tras modificar el cargo de apropiación indebida por el de administración desleal, ha calificado de "fraude ruin y vuelta de tuerca" la facturación de este servicio, "carente de autorización" por parte del propio organismo y que los acusados trataron de "ocultar a ultranza" a través de las cuentas y la auditoría.

Durante la segunda sesión del juicio contra Bárcenas, su sucesor, Jesús Terciado y tres exsecretarios de Cepyme, Aparicio ha explicado que el entonces secretario general de CEOE, Juan Jiménez Aguilar, no le dio "opciones" de oponerse a la operación y le comunicó la decisión de remunerar al presidente por sus servicios profesionales.

En calidad de testigo, ha declarado que esta percepción fue acordada desde los despachos de la gran patronal, de la cual dependía "completamente" Cepyme en virtud de los acuerdos de 1980, por la "intensidad y gran dedicación" de un cargo de responsabilidad al frente del cual Bárcenas era "insustituible".

Asimismo, Aparicio ha destacado que el sueldo aparecía "perfectamente contabilizado", pues Cepyme "no tenía nada oculto, ni una contabilidad 'b'", sino que tales asuntos eran "conocidos, consentidos y valorados por todos".

En términos similares se ha expresado el que fuera asesor de la CEOE Román Adrados, que ha subrayado que todas las acciones ejecutadas por la confederación venían "inducidas o concertadas" desde la gran patronal.

Por su parte, el fiscal ha manifestado su "hartura" ante un caso de "corrupción empresarial" por el que continúa solicitando cuatro años de cárcel para los cinco acusados, y ha incidido en el carácter honorífico del cargo, pues "todo el mundo quiere ser presidente de Cepyme como quiere ser presidente del Real Madrid, no por los servicios que se prestan".

También ha afeado la decisión de Cepyme de no reclamar los 1,2 millones de euros presuntamente sustraídos a través de los 5.365 euros de alquiler del coche oficial y de los salarios mensuales de Bárcenas (5.500 euros) y Terciado (12.500 euros), facturados en el caso de este último a través de dos empresas de su propiedad especializadas en topografía.

La Fiscalía ha lamentado además el "axioma" al que se aferran unas defensas que alegan que "lo que no está prohibido está permitido", como si los hechos juzgados fueran "un capricho de una reunión de amigos".

El letrado de Bárcenas ha apostado por la libre absolución de su cliente, un "ciudadano ejemplar", y ha diferido de la petición del fiscal en tanto que la remuneración percibida "ha sido sometida a deducciones de IRPF, ha sido tributada y estaba incluida en la contabilidad".

Al respecto también ha insistido el abogado de Jesús Terciado, que ha negado la presunta estafa atribuida por la acusación particular, que pide seis años de prisión, al no haber perjuicio patrimonial alguno reclamado por Cepyme.

"Estamos malgastando el dinero de los contribuyentes, que tanto preocupan al fiscal", ha dicho y, al igual que las defensas de los tres ex secretarios generales José Alberto González, José Manuel Vilar y Gonzalo Garnica, ha criticado que se haya "prostituido" un procedimiento penal "lamentable".

Tras la lectura de los informes definitivos, la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el proceso, iniciado en 2014 tras la denuncia de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes).