Cáceres estudia recurso contra convenio del OAR y Junta para pagar la deuda
El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales el protocolo general de actuación firmado entre[…]
El Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales el protocolo general de actuación firmado entre el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) de la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura para pagar los 4'3 millones de euros que ésta adeuda a municipios cacereños por si cabe recurso.
La mayoría de la deuda se refiere al pago del Impuesto de Bienes de Inmuebles (IBI) y de los 4'3 millones, 2'2 los adeuda al Ayuntamiento de Cáceres y más de un millón de euros al de Plasencia.
El portavoz del equipo de Gobierno de Cáceres, Rafael Mateos, ha criticado hoy en rueda de prensa que este protocolo se ha firmado "a espaldas" de los ayuntamientos y que no se haya contado al menos con Cáceres, al que corresponde más del 50 por ciento de la deuda.
Mateos ha indicado que se trata de un acuerdo "lesivo" para los intereses de la ciudad y ha anunciado que se ha puesto en manos de los servicios jurídicos municipales para que estudien si se puede interponer un recurso.
El portavoz ha explicado que el protocolo sólo recoge el pago del principal y no habla de los intereses de demora o los recargos de apremio, cantidades que el ayuntamiento cacereño dejaría de ingresar.
La deuda se pagará en cinco años a razón del 20 por ciento en cada liquidación y en este sentido Mateos ha criticado que "mientras que a un ciudadano se le obliga a abonar más por el pago fraccionado a la administración autonómica se la está eximiendo del mismo".
De este mismo asunto se ha referido el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, quien ha manifestado que este acuerdo no ha ido a pleno y que es "una mera declaración de intenciones".
Aguilera ha advertido hoy en rueda de prensa de que el protocolo cuenta con reparos del servicio de Intervención del OAR por no incluir intereses y recargos y sólo la deuda principal.
Para el portavoz del PP en la Diputación se trata de una actuación de "favoritismo" de la Institución Provincial a la Junta y que se ha realizado "de espaldas a los ayuntamientos".
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