Bruselas sugiere que activará en julio el proceso sancionador a España

El vicepresidente del Euro recalca que deben cumplirse las reglas pero deja entrever que la multa final puede quedar minorada a cero

Sí o no. Sí o no. Sí o no. La margarita de la sanción a España por incumplir en 2015 los objetivos de déficit acordados en el marco del Pacto de Estabilidad sigue deshojándose sin que nadie se atreva a poner la mano en el fuego sobre qué pasará. «Yo no apostaría», recalcó el lunes el comisario Miguel Arias Cañete cuando fue preguntado sobre el «no habrá sanción ni económica ni moral» que vaticinó horas antes su excolega de Gobierno y ahora ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.

Pero poco a poco, el camino se va despejando. Este martes, en el Parlamento Europeo, el vicepresidente la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, dio varias pistas sobre lo que puede suceder. Primero, comenzó guardándose las espaldas asegurando que «no puedo prejuzgar» lo que puede ocurrir en el Colegio de Comisarios de principios de julio, pero inmediatamente recalcó que «el deber de la Comisión Europea, como guardiana de los Tratados, aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC)». Y si este es el listón, a España (también a Portugal) no le va a salvar nadie de sufrir un procedimiento sancionador por déficit excesivo después de cerrar 2015 con un desfase de casi un punto de PIB respecto a lo pactado ¿Significa esto que el país será multado? En lo monetario, no. En lo moral, como decía De Guindos, ya es mucho más discutible.

Un partido de ida y vuelta

Lo que sí dejó muy claro Dombrovskis es que no habrá más demoras. No hay que olvidar que la decisión sobre lo ocurrido el año pasado debía haberse aprobado el 18 de mayo. Sin embargo, Juncker indultó a Rajoy para no interferir en las elecciones. Pero ya en julio, una vez pasado el 26-J, Bruselas irá hasta el final. Si finalmente decide que España «no tomó acciones efectivas para cumplir el déficit», se activaría automáticamente el procedimiento sancionador. La pelota pasará al Consejo, que debe avalar el dictamen.

En teoría, se debatirá el 12 de julio. Si hay luz verde, la Comisión tendrá 20 días para proponer una multa de hasta el 2% del PIB (2.000 millones) y Madrid, 10 para alegar. Esta es la clave del proceso: la multa cero o la cancelación. Una teoría que abonó el vicepresidente al destacar el esfuerzo de ambos países y decir que «el objetivo es fortalecer su recuperación económica».

En portada

Noticias de 

Si esta noticia ha sido útil para ti,
apúntate a nuestros boletines
¡No te decepcionaremos!

También en nuestro canal de Whatsapp