Bruselas quiere dar más poder a la CNMC para que fije el precio de la luz

La Comisión evalúa la propuesta del Gobierno para que el regulador sea el que estudie la parte fija del recibo, con la que quiere evitar una sanción

Algo se mueve en el mercado eléctrico más allá de la espera a que se activen las centrales hidroeléctricas tras las últimas lluvias caídas en la Península. Las novedades de la factura de la luz pueden llegar en pocas semanas desde Bruselas, donde la Comisión Europea está analizando la propuesta del Gobierno para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tenga mayores atribuciones para influir sobre un tercio del recibo. Se trata de la parte que corresponde a los peajes, esto es, las cuantías fijas que se incluyen para sufragar la potencia contratada.

La portavoz del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, confirmó este lunes que España ha enviado una carta a Bruselas en la que anticipa que promoverá cambios en la legislación sobre las funciones del regulador sobre la tarifa eléctrica. Se trata de una iniciativa con la que el Ministerio de Energía quiere evitar una multa de la Comisión por no trasladar la legislación europea en esta materia a las normas españolas. En esa misiva, enviada el pasado mes de noviembre por el ministro Álvaro Nadal al Comisario Europeo del ramo, Miguel Arias-Cañete, el Gobierno se comprometía a devolver a la CNMC las funciones que le permiten fijar los peajes de la luz.

El cambio supondría una vuelta al pasado, porque en el año 2014, el Gobierno restringió las competencias de la CNMC en materia energética. El Ejecutivo es el que determina periódicamente esos peajes, que se corresponden, entre otros conceptos, con la retribución a las líneas de transporte y distribución de la luz, la insularidad, las primas a las renovables o los gastos de los operadores que intervienen en el sistema. En los dos últimos años, el Ministerio de Energía ha congelado estas tarifas y dejarlas sin variación.

Pero la CNMC ha reclamado continuamente la potestad para determinar estos costes, independientemente del Gobierno de turno, como así se deriva de la normativa eléctrica europea, en la que se insta a que un organismo independiente sea el que los realice esta labor. La propuesta que ahora tiene el Ejecutivo, después de integrar la antigua Comisión de la Energía en Competencia, es que la CNMC proponga un esquema, que el Gobierno establezca los precios, y que estos sean aprobados por el regulador.

Los cambios se circunscriben en la reforma de los órganos reguladores, pactada entre el Gobierno y Ciudadanos, con la que la CNMC se dividirá en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia, y el otro ligado a la regulación de mercados estratégicos, como el de la energía.

En el trasfondo de esta modificación se encuentra la posibilidad de que España acabe siendo juzgada en el Tribunal de Luxemburgo. Ya hay otros cuatro expedientes abiertos por Bruselas en temas energéticos, aunque se espera que se resuelvan en los próximos meses.

Subida del 20% en un año

Todos estos conceptos influyen en un tercio del recibo de la luz; el otro tercio lo constituyen los impuestos; y el tercero, el coste de la energía en el mercado mayorista. Precisamente sobre este último tercio también está analizando la CNMC el comportamiento de las compañías para determinar algún tipo de práctica que vaya en contra de la competencia, sobre todo tras las últimas subidas que ha experimentado la luz hasta cotas que no se veían desde 2013.

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El 'término de energía' -así se le denomina técnicamente en la factura- es el punto que más variaciones registra día tras día. Con el cierre del mes, el precio de la electricidad en el mercado mayorista - 'pool'- se ha situado, de media, en los 71,5 euros por megavatio/hora (Mwh). Supone un incremento del 18% con respecto a diciembre, duplica el coste que experimentaba este mercado hace un año y se sitúa en su nivel más elevado desde 2008.

En términos prácticos, la subida de este mes implica un ascenso del 20% en una factura media regida con precios regulados (PVPC) con respecto a la de hace 12 meses. El incremento afecta a unos 12 millones de usuarios -casi un 50% del total- que se rigen por este sistema.

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