Autonomías en quiebra: elecciones anticipadas
Todo estaba tácitamente contenido. Nadie, ni siquiera la oposición, se ha ocupado de informar a los ciudadanos que las arcas de las autonomías tienen más telarañas que las cajas fuertes de los bancos islandeses. La situación, según ha venido transcendiendo en las consejerías de Hacienda y Economía de autonomías y Ayuntamientos, es insostenible. Hasta el punto de que los políticos afectados ya hablan en sus conciliábulos de crear un FROB para rescatar a las autonomías y a los Ayuntamientos.
Si no, sus impagos llevarán a la quiebra irremediable a aquellos proveedores que todavía aguantan el chaparrón. Las facturas se están abonando con demoras de más de 600 días. La deuda oculta de las autonomías puede llegar a los 15.000 millones, según se conocía esta mañana en la prensa escrita. Pero eso puede ser sólo un pequeño indicio. Otros cálculos la sitúan en 56.000 millones. Algo inasumible que dará 17 nuevos motivos para que los mercados aumenten su desconfianza hacia España, ahora que parecía atemperarse.
Lo que no tiene un pase es que este problema no se haya sometido al conocimiento de los ciudadanos, que estaban citados para votar a sus políticos locales el pasado 22 de mayo. Y no se ha ocultado por una falta de conocimiento. Al igual, que ha sucedido con Nueva Rumasa, con Afinsa o con Forum Filatélico: todos estaban enterados menos los verdaderos interesados. El agujero negro que pueden tener los presidentes autonómicos debajo de sus alfombras se ha ocultado con la complicidad de muchos responsables de la política nacional, de muchos fontaneros del Ministerio de Economía. De la misma forma que los problemas de solvencia de la CAM se ocultaron a sus futuros socios de Cajastur con el apoyo del Banco de España.
Algo se ha insinuando estos días atrás. Indicios no han faltado. Francisco Camps anunció la emisión de bonos patrióticos antes de las elecciones para poder hacer otra a finales de este año. La Generalitat de Cataluña lleva ya dos emisiones que ha tenido que dedicar a pagar gastos corrientes. Igual le sucede a Gallardón, que gobierna el más entrampado de los Ayuntamientos españoles. Patentes han sido las quejas de los empresarios y autónomos por la morosidad de las corporaciones locales.
Sin embargo, todavía nadie se ha puesto a sumar cuánto es el principal que suponen esas facturas sin pagar y que duermen el sueño de los justos en los cajones de los departamentos contables. Ni los servicios que dentro de unos meses, si sigue la merma de ingresos los Ayuntamientos y Autonomías, tendrán que dejar de prestar. Miedo da conocerlo, porque el precio que nos pondrán los mercados y nuestros socios comunitarios para colmar este nuevo agujero puede ser tan grande, que quede más remedio que convocar elecciones generales en noviembre o diciembre.
