Asamblea Nacional de Nicaragua respalda al Gobierno en su rechazo al Nica Act

La Asamblea Nacional de Nicaragua respaldó hoy la posición del Ejecutivo de calificar de "irracional" la iniciativa de ley en EE.UU. conocida como "Nica Act", que impediría desembolsos internacionales al Gobierno de Daniel Ortega hasta que no se celebran elecciones "libres, justas y transparentes".

"Las fuerzas representativas de la Asamblea Nacional coincidimos con el planteamiento (del Gobierno) de Nicaragua, respecto a la iniciativa Nica Act 2017 (...) que apunta a desestabilizar económicamente nuestro país", indicó la Asamblea, en una resolución firmada por los 92 diputados, afirmó el presidente del Legislativo, Gustavo Porras.

El Gobierno de Ortega indicó que el miércoles un grupo de parlamentarios estadounidenses "identificados por sus posiciones radicales e injerencistas", reintrodujeron la "Nica Act", una ley promovida en Washington para que las instituciones financieras frenen los préstamos a Nicaragua hasta que se celebren nuevos comicios.

Dicha ley fue aprobada por unanimidad en septiembre pasado por la Cámara de Representantes semanas antes de que se celebraran en Nicaragua unas controvertidas elecciones en las que no pudo participar el principal grupo opositor y Ortega consiguió su cuarto período y tercero consecutivo, ahora con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Los diputados de Nicaragua también compartieron "la preocupación de la Secretaría General de la OEA", cuyo titular, Luis Almagro, afirmó que la Nica Act "no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el Gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando".

"Los diputados continuaremos trabajando por el fortalecimiento de la paz, la seguridad, la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad, y crear condiciones para continuar trabajando en pro del desarrollo económico y bienestar de las familias nicaragüenses", concluyó la resolución de la OEA.

La ley tiene como fin hacer que la Administración estadounidense se oponga a la concesión de préstamos al Gobierno de Managua, de 250 millones de dólares a 300 millones de dólares (de 234 a 281 millones de euros) anuales, exceptuando los destinados a necesidades básicas humanitarias, lo que afectaría el 10 % del presupuesto de Nicaragua.

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