Santander, posible responsable por la quiebra del Popular tras la fusión

La Audiencia Nacional ha incluido al Banco Santander en la causa que investiga la gestión durante los últimos meses de vida del Banco Popular, al considerar a esta última extinguida tras culminar la fusión en septiembre de 2018, han informado hoy fuentes jurídicas.

El magistrado José Luis Calama ha tomado esta decisión una vez acreditado que el Santander "absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Popular".

En junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) decidió liquidar el Banco Popular convirtiendo en cero el valor de las acciones, operación, ejecutada por el FROB a instancias del Banco Central Europeo (BCE), y posteriormente, el Santander se hizo con la entidad por un euro.

En octubre de ese año, el entonces titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Ampliación de capital e informaciones falsas

La adquisición por 1 euro del Banco Popular tuvo lugar en junio de 2017 y sólo tres meses después el juez Fernando Andreu --el anterior instructor de la causa-- imputó a los expresidentes de la entidad Ron y Saracho y a miembros del antiguo consejo de administración, atendiendo así distintas querellas que se habían ido presentando en la Audiencia Nacional.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, Andreu acordó entonces abrir dos piezas separadas: la primera de ellas, relacionada con la ampliación de capital realizada en 2016 por importe de 2.505 millones de euros; y la segunda, con la manipulación del mercado mediante la publicación de noticias con datos e informaciones "falsas" antes de que el Popular fuera vendido al Banco Santander.

Pero además, el juez Andreu admitió también la querella de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) dirigida contra el Popular que incluía a los exconsejeros delegados del Popular Pedro Larena y Roberto Higuera y al auditor de PwC Pedro Barrio.

Según la querella de la OCU, y así quedó reflejado en el auto del magistrado, los querellados habrían distorsionado las cuentas del banco (que pasaron de presentar unos beneficios de 93,4 millones de euros a unas pérdidas cercanas a los 3.500 millones al cierre del ejercicio de 2016) con la finalidad de crear, con motivo de la ampliación de capital en mayo de 2016, "una ficción que reflejara una situación financiera irreal".

Además de la OCU, están personados en este procedimiento la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) así como antiguos accionistas y clientes. Más de 300 están aglutinados en la Asociación de Afectados por la venta del Banco Popular y la mayoría de ellos son accionistas, bonistas o inversores de deuda subordinada de la entidad, aunque también se han integrado todos aquellos accionistas que transmitieron sus títulos antes de la venta del banco en junio del pasado año y que por ello también sufrieron fuertes pérdidas.

Hay precedentes

No es la primera vez que un banco que ha llevado a cabo un proceso de fusión con otra entidad ha tenido que asumir responsabilidades de la absorbida, como sucedió con la causa contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), en la que figuró como acusado el Banco Sabadell, finalmente exonerado.

También en la vía civil se han dado otros casos con Bankia como protagonista, que debió hacerse cargo de responsabilidades civiles derivadas de conductas del Banco de Valencia, controlado por Bancaja.