El Gobierno aprueba la segunda prórroga para la plataforma Casablanca

El Gobierno ha otorgado la segunda prórroga a la concesión de explotación de hidrocarburos Casablanca, una plataforma de Repsol instalada frente a las costas de Tarragona, según informa la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un Real Decreto por el que se otorga la segunda y última prórroga a la concesión de explotación de hidrocarburos Casablanca, solicitada por sus titulares.

Se trata de la única plataforma petrolífera activa en España, aunque su producción es escasa, unos 2.000 barriles al día, según Repsol, la empresa concesionaria.

Según la ley que regula los hidrocarburos, la concesión de explotación de yacimientos confiere a sus titulares el derecho de realizar en exclusiva la explotación en las áreas otorgadas por un periodo de 30 años, prorrogable por dos periodos sucesivos de 10 años.

Esta prórroga se concede por parte de la administración competente si el solicitante cumple con los requisitos legales y al ser así, se prorroga la concesión de explotación de Casablanca por un periodo de diez años, contados a partir del 28 de diciembre de 2018.

En consecuencia, la vigencia de esta prórroga concluirá el 27 de diciembre de 2028.

La concesión de explotación de hidrocarburos Casablanca fue otorgada por el Real Decreto 3046/1978, de 3 de noviembre, (BOE de 27 de diciembre de 1978) por un período de 30 años.

Posteriormente, con fecha 17 de marzo de 2009, (Real Decreto 237/2009, de 23 de febrero) se otorgó la primera prórroga a la concesión.

La instalación de Casablanca está sujeta a un programa estricto de inspecciones y mantenimiento, y en mayo de 2018 el titular de la concesión (Repsol) remitió el informe sobre los riesgos de accidente grave que exige el Real Decreto-ley 16/2017.

En los últimos días, las cámaras de comercio de Tarragona, Valls y Tortosa habían abogado por mantener la instalación petrolera, que comporta 120 puestos de trabajo y múltiples inversiones en el territorio, a razón de 16 millones anuales solo en contratos.

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