Gobierno de Nicaragua afirma que brinda cuidado médico a manifestantes presas

El Gobierno de Nicaragua informó hoy que brindó atención médica a 12 "presas terroristas y golpistas", en referencia a un grupo de mujeres capturadas por la Policía Nacional luego de participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

"En la clínica del Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) Tipitapa, personal médico del Instituto de Medicina Legal, garantizó valoración médico-legal a 12 presas terroristas y golpistas" informó el Gobierno a través del portal gubernamental El 19 Digital.

Entre las presas que recibieron atención médica se encontraba Brenda Muñoz, quien según sus familiares no recibía atención médica a pesar de sufrir cáncer terminal.

El Gobierno no especificó si Muñoz y las otras manifestantes fueron atendidas por especialistas, ni si recibieron medicinas.

El personal médico también atendió a las reas Cindy Castillo González, Johana Auxiliadora Espinoza, Yolanda Sánchez Moraga, Ana Patricia Sánchez Moraga, María Peralta, Nelly Roque, Olesia Muñoz Pavón, Tania Muñoz Pavón, Marbi Salazar, Yaritza Rostrán y Amaya Eva Coppens, esta última de doble nacionalidad nicaragüense y belga.

"De esta manera el Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los derechos humanos de los terroristas presos en el Sistema Penitenciario", resaltó la nota gubernamental.

Organismos defensores de los derechos humanos insisten en que todos los manifestantes capturados en las protestas, entre los que cuentan de 552 a 558, son "presos políticos", entre ellos 46 mujeres.

El Gobierno afirma que son 17 mujeres presas, de un total de 273 reos, a quienes denomina "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció recientemente que la noche del 26 de octubre pasado unos 25 hombres ingresaron al Centro Penitenciario de Mujeres para agredir a las convictas, en represalia por defender a la líder comerciante Irlanda Jerez.

La crisis de Nicaragua ha dejado entre 325 y 535 muertos desde el estallido social de abril, de acuerdo con los organismos humanitarios, o 199 conforme a los que reconoce el Gobierno.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza la responsabilidad y se afirma vencedor de un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones.

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