Asturias mantendrá una "oposición clara" al cierre acelerado de las térmicas

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha lamentado hoy los planes del Ejecutivo central para acelerar el cierre de las térmicas de carbón y ha advertido de que seguirán con una "oposición clara" porque "no se puede pretender una economía limpia a cambio de cargarnos la industria existente".

"No vamos da dejar de reclamar algo que nos parece justo en defensa de los intereses del Principado. No lo hemos dejado de hacer en ningún momento ante el Gobierno central y seguiremos reclamando una transición energética "pautada, progresiva y acordada", ha subrayado Martínez ante la posibilidad de que las cinco térmicas asturianas tengan que cerrar en el plazo de siete años.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, adelantó ayer que nueve de las catorce centrales térmicas de carbón que hay en España cerrarán en junio de 2020, al no haber hecho las inversiones precisas para continuar, y que las cinco restante podrían hacerlo entre 2020 y 2025.

"Nuestra oposición es clara y nuestro criterio conocido", ha subrayado el consejero a raíz de las últimos planes trasladados desde el Ministerio de Transición Ecológica y que desde el Principado, según ha reconocido Martínez, consideran "preocupantes".

Sin discutir que es necesario reducir las emisiones, el Gobierno asturiano no comparte con el de Pedro Sánchez que "España deba ir por delante y marcarse metas más exigentes incluso de las previstas en los acuerdos internacionales".

Martínez ha señalado que no sólo hay que considerar la reducción de emisiones, "sino también el impacto industrial y el probable encarecimiento de la energía, con su incidencia sobre la actividad industrial".

"No se puede hacer un plan de transición energética meramente voluntarista que se olvide de los empleos, de las industrias, de la energía y del desarrollo económico", ha afirmado el consejero de Presidencia en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo asturiano.

De hecho, ha asegurado que esas cuestiones "hay que ponerlas en la balanza" porque afectan a la vida de miles de personas y que eso mismo debería plantearse el Gobierno a la hora poner fecha para los motores diésel y de gasolina porque esos anuncios tienen "consecuencias inmediatas" sobre los planes de los consumidores, de los fabricantes de automóviles y la producción siderúrgica.

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