Competencia recuerda a agentes inmobiliarios que profesión está liberalizada
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sugerido hoy al Colegio Oficial de Agentes de la[…]
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sugerido hoy al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria que reduzca los requisitos para la afiliación en sus nuevos estatutos, sin exigir titulación universitaria, ya que la profesión está liberalizada.
Además, Competencia ha instado a los agentes inmobiliarios a que entiendan su colegiación como una "asociación profesional que agrupa los intereses de sus asociados", más que como un colegio profesional con determinados requisitos, según ha explicado en una nota para la prensa para dar cuenta de un informe sobre el borrador de nuevos estatutos.
El informe se lo solicitó a la CNMC el Ministerio de Fomento, tras la recepción del borrador de nuevos estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Competencia ha señalado que hasta que no haya una ley de colegios profesionales que regule el régimen de acceso y ejercicio, los servicios profesionales inmobiliarios están liberalizados por un decreto de junio de 2000.
Por ello, la CNMC recomienda que sea replanteado el requisito establecido en el borrador de estatutos de que se puedan incorporar a los colegios los profesionales que acrediten haber obtenido algún título universitario de formación inmobiliaria, ya que no caben exigencias de ese tipo en profesiones liberalizadas.
Además, Competencia pide cambiar la denominación de los colegios oficiales: "Debería suprimirse toda redacción que dé pie a pensar en la exclusividad de la denominación de la profesión a través de la colegiación".
Según la CNMC, eso supone una desventaja competitiva para los profesionales que no estén colegiados, ya que esa denominación lleva a pensar que estar asociado es obligatorio.
También recomienda Competencia suprimir la exigencia de un seguro colectivo de responsabilidad civil, porque es una barrera de acceso a la actividad "no fundamentada" que puede perjudicar a nuevos entrantes, al consumidor y a la competitividad.