Constructores alertan del "bloqueo" de inversiones de 40 millones en Granada

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada ha acusado hoy al Ayuntamiento esta capital andaluza de "bloquear" inversiones[…]

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada ha acusado hoy al Ayuntamiento esta capital andaluza de "bloquear" inversiones por valor de más de 40 millones de euros y unos 1.500 puestos de trabajo directos.

Según este colectivo empresarial, la falta de organización y personal alarga el trámite de concesión de licencia más de doce meses, en el mejor de los casos, lo que supone también la renuncia a ingresos municipales por 3,3 millones de euros en impuestos y tasas.

La ACP ha detallado en un comunicado que la demanda de viviendas en Granada capital se ha incrementado en los últimos meses y, sin embargo, los promotores inmobiliarios sufren un "incomprensible atasco" cada vez que presentan una solicitud de licencias en Urbanismo.

A pesar de que el sector mantiene reuniones mensuales con Urbanismo, los plazos se alargan cada día, lo que hace que se pierdan muchas oportunidades para la ciudad ya que se retrasan los proyectos de rehabilitación y obra nueva de forma sistemática.

Este retraso afecta a la creación de empleo en Granada, ya que son más de 500 viviendas las que esperan licencia, lo que supondría la creación de más de 1.500 puestos de trabajo directos y 40 millones de euros de inversión.

Además, esta falta de oferta de obra nueva conlleva que los precios de las escasas viviendas existentes suban de forma acelerada.

Entre los proyectos afectados se encuentran varios hoteles, concesionarios de coches, promociones de viviendas, obras de rehabilitación y residencias, a pesar de que durante 2017 se hayan atendido, según fuentes municipales, 8.700 licencias, la mayor parte de las mismas de obra menor y mediante el procedimiento de declaración responsable.

La asociación ha pedido que se tomen las medidas necesarias para que las licencias de obra comiencen a estudiarse en un plazo razonable de dos o tres semanas desde su presentación, para poder otorgarse en un plazo máximo inferior a tres meses, con todos los requerimientos debidamente resueltos.

El sector es consciente de la complicada situación política municipal pero ve razonable que sé prioridad a aquellas actividades que son generadoras de empleo y que suponen importantes ingresos en las arcas municipales.

Estas cuestiones, añade, deberían ser tenidas en cuenta ante la delicada situación económica municipal y los reiterados avisos del Ministerio de Hacienda.

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