Elecciones 2017 en Honduras: Una nueva ruptura en el proceso de construcción

Andrea Costafreda, Directora Programática para América Latina y el Caribe - Oxfam Intermón

El domingo 26 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales, legislativas y locales en Honduras. Pasan los días y aún no conocemos quién va a ocupar la Casa Presidencial, aunque ambos candidatos - el oficialista Juan Orlando Hernández, por parte del Partido Nacional (PN), y el aspirante de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla- se han proclamado, en distintos momentos del desconcierto de los últimos días, en vencedores de la contienda electoral. Nasralla se perfilaba como ganador tras los primeros escrutinios (con más del 60% de actas procesadas), pero a partir del miércoles, tras un apagón del sistema informático y la inhabilitación de varias actas electorales, Juan Orlando Hernández pasó a encabezar el recuento.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, liderada por la eurodiputada Marisa Matías, ha mandado un recordatorio al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para hacer efectivo el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a las garantías de transparencia y pulcritud del proceso, y apela a la responsabilidad. Mientras tanto, en las calles, la tensión aumenta y las organizaciones de la sociedad civil ya han denunciado diversos casos -con varios heridos y muertos- de respuesta violenta por parte de las fuerzas públicas. Por su lado, el Gobierno ha decretado el toque de queda, por lo que han quedado suspendidas algunas garantías constitucionales que afectan a los derechos de circulación y reunión.

El mal ya está hecho, pues cualquiera que sea el sentido del resultado final, la sospecha sobre la falta de transparencia del proceso, el cuestionamiento de la independencia del Tribunal Constitucional y la frustración de la ciudadanía hondureña que se ha expresado multitudinariamente en las calles, amenazan con crear una fuerte crisis social y política en el país. Porque los nuevos acontecimientos se suman a la herida abierta por el golpe de Estado del 2009 y la polémica sentencia de 2015 del Tribunal Constitucional que permite la reelección de Hernández.

Las frustraciones democráticas se acumulan en Honduras. Los sucesos de 2009, que algunos han llamado "golpe de las élites" -para distinguirlo de los golpes militares prototípicos que sufrió la región en la década de los 80- fue una expresión dramática y radical de la poca capacidad del sistema político hondureño para reformarse y superar un modelo bipartidista estancado y cooptado. Algunos identifican el germen de este enquistamiento en la propia génesis del modelo, en un diseño originario que se dibujó para ser funcional a las denominadas "economías extractivas", que propiciaron la emergencia de una élite política supeditada a los intereses del capital extranjero.

El asesinato de la activista indígena lenca Berta Cáceres en marzo de 2016 forma parte de esta realidad, en la que el Estado hondureño otorga concesiones por décadas para la explotación de recursos naturales bajo las garantías de una mal denominada seguridad jurídica a costa de vulnerar los derechos económicos, culturales y ambientales de la gran mayoría, y, especialmente, de comunidades históricamente excluidas como la lenca o la garífuna.

En ese contexto de debilidad institucional enquistada, produce frustración ver cómo el país se hunde en la pobreza y el desempleo. Honduras lidera las listas de percepción de corrupción, está en la posición 123 de 176. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lo describe como uno de los países más peligrosos para los defensores de los Derechos Humanos. En el último Latinobarómetro, el país registra los peores datos de apoyo a la democracia de la región: sólo el 34 % de los encuestados dicen preferirla como forma de gobierno.

Frente a esta situación, la comunidad internacional debe asumir una responsabilidad en el acompañamiento para resolver la actual crisis política, pero, sobre todo, mantener la atención y la tensión en el "día después". Un país vulnerable a las injerencias externas y expuesto a intereses que se dan fuera de sus fronteras no puede quedar excluido de la atención internacional. En el corto plazo, las redes de ONG europeas están solicitando prolongar la presencia de la misión electoral europea en el país hasta que existan garantías, y piden al Tribunal Electoral que se abstenga de reconocer los resultados electorales hasta que se garantice el escrutinio especial con presencia de todos los partidos y observadores internacionales de las actas en las que se han señalado irregularidades.

Para el día después, se solicita apoyar al Estado hondureño en la implementación de las recomendaciones de la Misión Electoral orientadas a garantizar la despolitización, la neutralidad y la competencia técnica de la administración electoral; y a respaldar a los sistemas internacionales de protección de los Derechos Humanos en su trabajo con el Estado para que se garanticen y respeten los derechos de su población.

No deberíamos necesitar un huracán como el Mitch, que devastó el país hace casi 20 años, ni otro golpe de estado, para mantener la atención internacional en el apoyo a Honduras. Lo único imprescindible, ahora y en el futuro, es mantener el foco en la recuperación de una democracia sólida y que permita afrontar con garantías la lucha contra la pobreza.

NOTA: Este artículo forma parte del servicio de firmas de la Agencia EFE al que contribuyen diversas personalidades, cuyos trabajos reflejan exclusivamente las opiniones y puntos de vista de sus autores.

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