Ombudsman pide proteger a empleados de diarios panameños sancionados por EEUU
La Defensoría del Pueblo de Panamá instó hoy al Gobierno de su país a adoptar acciones concretas para proteger a[…]
La Defensoría del Pueblo de Panamá instó hoy al Gobierno de su país a adoptar acciones concretas para proteger a los empleados de los diarios locales afectados por sanciones económicas de Estados Unidos, y para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.
"La naturaleza y dimensión de lo sucedido amerita que el Estado intervenga para proteger los derechos al trabajo y a la salud", sostuvo el Defensor del Pueblo, Alfredo Castillero, en una misiva.
El ombudsman solicitó a las autoridades "que exploren alternativas de apoyo" a los trabajadores del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá (GESE), tras conocerse el reciente despido de 49 empleados y medidas que afectan a la plantilla, como la suspensión de las pólizas de salud con las que contaban.
Sobre esto último, Castillero pidió "que se revise con carácter de urgencia tanto la legalidad de la decisión de cancelar el servicio de seguro médico a los colaboradores del GESE, como cualquier otra decisión (...) tomada a raíz de la situación que atraviesa el grupo que pueda afectar derechos humanos".
En mayo de 2016 el dueño de GESE, Abdul Waked, uno de los empresarios más poderosos de Panamá, fue incluido por el Tesoro de EE.UU en la denominada Lista Clinton y señalado por el supuesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.
Aunque Waked no tiene abierta ninguna investigación en EE.UU. y la Fiscalía de Panamá sobreseyó el caso en noviembre pasado por falta de pruebas, la inclusión en dicha lista es considerada una especie de muerte comercial, ya que impide que ciudadanos y empresas estadounidenses tengan relaciones comerciales con él y sus empresas.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del país norteamericano otorgó a los periódicos panameños varias licencias especiales para seguir operando pero el pasado 13 de julio decidió no renovarles los permisos, lo que pone en serios apuros a la empresa.
Días después de quedarse sin la licencia, el grupo editorial informó en un comunicado de que el banco que les proveía la "afiliación VISA/MasterCard" para los puntos de venta de los diarios había dejado de prestarles el servicio y que varios anunciantes habían retirado su publicidad.
Para asegurar su supervivencia, los diarios redujeron su tirada y cancelaron las ediciones de fin de semana, una medida que ampliaron este martes, cuando anunciaron que dos revistas suplementarias, Mía y Portada, dejarían de imprimirse.
La decisión de EE.UU. de poner fin a sus licencias fue repudiada masivamente por expresidentes, políticos y otras figuras reconocidas en Panamá, mientras el Gobierno pidió a la OFAC considerar, en lo posible, una propuesta hecha por Waked al Tesoro para permitir el normal funcionamiento de los diarios.
El grupo editorial ya ha reducido varias veces su plantilla desde que estalló el escándalo de 2016 y a finales del pasado julio decidió también suprimir sus ediciones de fin de semana.
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