Israel y EEUU, en campaña para que ANP cancele salarios a presos palestinos

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) está cada día más presionada por Israel y EEUU para que deje de pagar salarios a las familias de presos por considerarlo una "financiación de terroristas", mientras que para los palestinos es "una responsabilidad social".

"No creo que ningún líder palestino quiera tocar ese tema y no creo que nunca ningún ciudadano aceptara esa decisión", cierra tajante Akram Ayasa, portavoz de la Comisión de Asuntos para los Detenidos y Exdetenidos, encargado de este amplio sector de la población y dependiente de la ANP.

Ayasa explica a Efe cómo el artículo 22 de la Ley Básica palestina garantiza "el cuidado de las familias de los mártires y detenidos, y el cuidado de los heridos y afectados, así como su salud y la asistencia social y educativa" en virtud de la que el Ejecutivo distribuye ayudas entre los más de 6.200 presos palestinos en cárceles israelíes, según cifras de la ONG Adamir.

La legislación parte de que son "presos políticos", aunque muchos de ellos cumplen condena por cometer ataques contra Israel y los israelíes, por lo que para este último son calificados como "terroristas".

Aunque el rechazo de Israel hacia esta disposición no es nuevo, desde que el presidente de EEUU, Donald Trump, visitó la región en mayo con el propósito de reactivar las negociaciones de paz, la presión se ha intensificado.

Trump aseguró en Belén junto al presidente palestino, Mahmud Abás, que la paz "nunca puede arraigar en un lugar donde la violencia es tolerada, financiada e incluso recompensada", lo que se interpretó como una crítica velada a la ANP.

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, apuntó recientemente desde Washington que Abás estaría dispuesto a suspender esta financiación, lo que desmintió públicamente la ANP y reiteró que "no habrá ningún cambio" en esta política.

Sin embargo, desde principios de junio, presos palestinos protestan en la ciudad cisjordana de Ramala para denunciar que unos 270 reos vinculados al movimiento islamista Hamás han dejado de recibir esta asignación y que las cuentas bancarias han sido canceladas, aseguró a Efe el portavoz y expreso Abdullah Abu Shalbak.

El Gobierno palestino destina el siete por ciento de su presupuesto anual a los pagos a los presos, estima Yosi Kuperwaser, un oficial de inteligencia retirado y académico del Centro de Jerusalén para Asuntos Públicos.

Actualmente el Parlamento israelí (Knéset) debate un proyecto de ley, que inició su trámite este mes, para deducir la parte proporcional de estos pagos de los impuestos que Israel recauda en nombre de la ANP.

La norma propone retirar mil millones de shekels (252 millones de euros) en la transferencia de impuestos a Ramala, equivalente a lo que la ANP paga a presos palestinos, "acusados de terrorismo" contra Israel, y a sus familias, según cálculos del Ministerio de Justicia israelí.

Para Isa Qaraque, ministro para Asuntos de los Prisioneros palestinos, Israel, EEUU y Europa ejercen un "chantaje, en un intento de clasificar toda la identidad nacional palestina de terrorismo y crimen", criticó en un editorial publicado por la agencia de noticias Maan esta semana.

Tras el paso este mes por Israel y Palestina de Jared Kushner, yerno y asesor del presidente de EEUU, Donald Trump, y del enviado estadounidense para negociaciones de Oriente Medio, Jason Greenblatt, los medios locales aseguran que EEUU ha condicionado el proceso de paz a esta suspensión.

La ANP lo ha negado, pero fuentes palestinas aseguran que este asunto fue uno de los temas que generó más tensión en la reunión privada que mantuvieron Abás y Trump, cuando este visitó la región para alentar la vuelta a la mesa de negociaciones.

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