G.Vasco hará un estudio sobre la oferta "clandestina" de viviendas turísticas

La Cámara de Vitoria ha emplazado hoy por unanimidad al Gobierno Vasco a que en un plazo de tres meses realice un estudio que permita establecer una estimación de la oferta "clandestina" de viviendas y habitaciones de uso turístico y a que utilice los instrumentos legales para que se cumpla la normativa que regula este sector.

El pleno del Parlamento Vasco ha debatido hoy una moción impulsada por EH Bildu en relación a este tipo de alojamientos, muchos de los cuales se ofertan sin cumplir con los requisitos fijados en la Ley de Turismo.

PNV, PSE-EE y EH Bildu han consensuado una enmienda transaccional a la moción, que en la votación también ha tenido el respaldo de Elkarrekin Podemos y del PP.

En la iniciativa, el Parlamento, además de pedir la elaboración de un informe sobre la oferta de viviendas turísticas que no cumplen con la ley, ha instado al Gobierno Vasco a que realice campañas informativas sobre la obligatoriedad de darse de alta en el registro para poner en el mercado estos alojamientos.

También el Parlamento ha reclamado al Ejecutivo vasco que informe a la ciudadanía sobre sus derechos para denunciar ante la administración cuando consideren que existe una oferta "clandestina" de alguna vivienda de uso turístico.

La Cámara ha pedido asimismo al Gobierno de Iñigo Urkullu que elabore a la mayor brevedad posible los decretos reguladores de este sector y que establezca acuerdos con asociaciones y plataformas para eliminar la oferta no formalizada en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi.

En otro punto de la enmienda, el Parlamento ha solicitado al Gobierno Vasco que comparta información con las haciendas forales sobre viviendas y habitaciones de uso turístico para facilitar la detección de la oferta ilegal.

El proponente de la moción, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha recordado que esta oferta clandestina es algo que hay que erradicar porque, entre otros motivos, sus propietarios incurren en fraude fiscal dado que no pagan impuestos, aunque ha reconocido que hay personas que no han registrado este tipo de inmuebles por "desconocimiento", por lo que ha defendido la realización de una campaña informativa sobre los requisitos que exige la ley.

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