El perfil del usuario de vivienda turística Andalucía, lejos del bajo coste

El perfil del usuario de las viviendas con fines turísticos en Andalucía se encuentra "muy lejos" de visitantes "low cost" o "mochileros", según ha destacado hoy Carlos Pérez-Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA).

Pérez-Lanzac, que ha participado en Marbella en el segundo Congreso de Derecho Turístico organizado por el Colegio de Abogados de Málaga, ha explicado que el 83 por ciento de clientes son familias, un 79 por ciento son extranjeros y la edad media son 46 años.

Ha subrayado que la comunidad andaluza es el principal destino en esta modalidad de alojamiento para el visitante español, al absorber el 40 por ciento de la demanda del turismo nacional, mientras que es la tercera región en cuanto a turismo internacional, por detrás de Cataluña y Baleares.

Desde que el pasado año se aprobase por parte de la Junta el decreto para la ordenación de las viviendas con fines turísticos en la comunidad se han regularizado unos 23.000 inmuebles que desarrollan este tipo de actividad, la mitad de ellos en la provincia de Málaga, según Pérez-Lanzac.

El presidente de la AVVA ha resaltado que "es una clara señal de que el sector tiene una voluntad de hacer las cosas bien y legalizarse".

"No se debe criminalizar a las viviendas con fines turísticos que aún no están regularizadas, porque con este decreto todavía vemos que hay muchos operadores en muchas situaciones que han quedado fuera de poder entrar, aunque quieran legalizarse", ha asegurado Pérez-Lanzac.

También ha indicado que "hay empresas que llevan operando en la Costa del Sol y en toda Andalucía durante años que, a raíz de este decreto, han quedado totalmente fuera y generan empleo, definen el destino turístico y dan calidad turística".

"Desde el sector entendemos que la calidad turística es fundamental, no es algo negociable", ha afirmado el representante de estos empresarios en Andalucía, que ha reivindicado la necesidad de modificar el decreto elaborado por el gobierno regional, impugnado por el Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur).

Ha apuntado además la necesidad de contar con una normativa común estatal, una reclamación en la que también ha incidido el consejero andaluz de Turismo, Francisco Javier Fernández, que ha inaugurado el congreso junto al decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y el alcalde de Marbella, José Bernal.

"Hace falta una unificación, una normativa de base que coja todo el territorio nacional y lo unifique, que tengamos todos una normativa que haga que las viviendas de uso turístico no sean una ventaja competitiva entre un destino y otro", ha apuntado a los periodistas Fernández.

El consejero ha defendido que la Junta, por su parte, ha creado una normativa "capaz de adaptarse a esta nueva modalidad como las viviendas de finalidad turística".

Según el consejero, el decreto elaborado por el gobierno autonómico "responde a la necesidad de ordenar en la comunidad una nueva realidad en el modelo de uso de los alojamientos que ha llegado para quedarse, así como de ofrecer a los clientes unas garantías de calidad y de confort durante su estancia en consonancia con el resto de la oferta alojativa reglada del destino Andalucía".

Fernández ha indicado que, desde la entrada en vigor de esta norma en mayo de 2016, se han presentado un total de 27.226 declaraciones responsables -el 59 por ciento en la provincia de Málaga- para el inicio de la actividad como vivienda con fines turísticos.

De ellas, casi un 79 por ciento (21.445 viviendas) ya están inscritas de oficio en el Registro de Turismo, que representan 114.000 plazas de alojamiento.

La Junta ha realizado 4.166 actuaciones inspectoras, según el consejero, que ha destacado que con esta regulación se está "evitando el fraude y la competencia desleal con los establecimientos hoteleros reglados.

Durante su intervención, Fernández ha señalado que la propia evolución del sector y las nuevas demandas de los clientes "hacen que el turismo viva en un permanente estado de renovación, lo cual exige mantener en constante revisión la normativa existente".

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