Gobernador Puerto Rico pide activar proceso de quiebra para sistema pensiones

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció que ha solicitado activar un proceso de quiebra para el Sistema de Retiro de los empleados del gobierno central y para la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT) de la isla.

"Con esta acción aseguramos la protección debida a uno de los sectores más vulnerables, y les garantizamos que a pesar de la insolvencia del fondo de retiro, esta administración responderá por los errores de pasadas administraciones", dijo Rosselló en un comunicado de prensa sobre la situación de los pensionistas.

El jefe del Ejecutivo aseguró que "los jubilados continuarán recibiendo sus pensiones mientras se trabaja una transformación del sistema" y que "los pagos saldrán con cargo al Fondo General en su totalidad una vez agotado los activos líquidos que quedan, por lo que no quedarán desprovistos de su pensión".

En el caso de la ACT, explicó que los acreedores de dicha agencia han rechazado "categóricamente" el Plan Fiscal del Gobierno, que "sirve de base para toda negociación consensual" y que "han incoado acciones legales que podrían atentar contra la estabilidad de la corporación pública en el ejecución de sus funciones".

Rosselló afirmó que este proceso de acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico para los sistemas de retiro y las carreteras "brindará un proceso justo y ordenado para reestructurar las obligaciones de ambas entidades".

El procedimiento ante los tribunales para iniciar el proceso de quiebra y poder reestructurar los 70.000 millones de dólares de deuda de Puerto Rico se inició el pasado 17 de mayo en San Juan con la celebración de la primera vista.

Puerto Rico hizo historia recientemente al convertirse en la primera jurisdicción estatal de Estados Unidos en acogerse a un mecanismo de quiebra, bajo el título III de la ley federal Promesa aprobada en junio de 2016 por el Congreso estadounidense para dar solución a una deuda millonaria.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para la isla sometió una solicitud del Gobierno para acogerse a un tipo de quiebra que establece una normativa aprobada en el Congreso de Estados Unidos para atender este asunto.

La JSF presentó la solicitud al Tribunal del Distrito federal de Puerto Rico para que el Gobierno se acoja al título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Esa norma, que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal que controla cualquier decisión del Ejecutivo local, fue aprobada en 2016 en el Congreso de Estados Unidos para dar solución a un caos que se avecinaba ante la imposibilidad de devolver la millonaria deuda.

El proceso puede durar años si se tiene en cuenta que en el caso de Detroit, mucho más sencillo y de una cantidad muy inferior, se cerró en 18 meses.