El Gobierno de EEUU seguirá usando centros privados para detener inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos seguirá usando centros gestionados por empresas privadas para detener a los inmigrantes indocumentados que son recluidos mientras las autoridades deciden si deben ser deportados, informó hoy a Efe un alto funcionario.

Este alto cargo, que pidió el anonimato, indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) seguirá delegando en empresas privadas la gestión completa o parcial de los centros de detención para inmigrantes, a pesar de la oposición de varias organizaciones y legisladores del Congreso de EEUU.

Actualmente, unos 41.000 extranjeros se encuentran recluidos en 197 centros de detención de todo Estados Unidos, de los que solo el 10 % son propiedad y están gestionados por el ICE.

El ICE es la agencia del Gobierno de EEUU encargada de recluir a los inmigrantes que han cruzado la frontera de manera irregular o que han cometido un crimen mientras residían legalmente en el país y ahora están a la espera de que se resuelva un litigio civil que podría resultar en la deportación.

La decisión del ICE se encuentra en línea con un informe presentado hoy por un subcomité de expertos del Consejo de Seguridad Interna, que integra el gabinete de la Casa Blanca.

Ese informe fue elaborado a petición del secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, quien en agosto anunció que se examinaría el cierre de los centros de detención privados ante las críticas de numerosas organizaciones, que denuncian que las compañías buscan beneficios y descuidan las necesidades de los inmigrantes.

En su informe, los expertos aconsejaron a Johnson que mantuviera la gestión privada de los centros de detención para inmigrantes, aunque también le instaron a mejorar la supervisión gubernamental.

Para justificar el mantenimiento de los centros de detención privados, el alto funcionario gubernamental citó numerosos aspectos del informe de los expertos.

En concreto, esa fuente indicó que el ICE no tiene planes de construir nuevos centros de detención para que sean gestionados directamente por el Gobierno porque esa decisión acarrearía mayores costes económicos y "requeriría una expansión extremadamente significativa de la capacidad del ICE".

Según el informe de los expertos, cambiar el modelo actual de detención costaría más de 1.300 millones de dólares y la cifra podría ascender incluso hasta los 5.000 ó 6.000 millones.

En su informe, los analistas recomiendan al ICE que haga inspecciones de manera más regular en los centros de detención privados y que se asegure de que todas las instalaciones tienen canales de comunicación "bien definidos" para que los reclusos o sus familias puedan informar de cualquier potencial problema.

Este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que acabará con las cárceles privadas tras concluir que ese tipo de gestión en los penales acarrea más incidentes de seguridad y deja desprotegidos a los reclusos ante posibles abusos y problemas con la alimentación o el régimen de visitas.

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