Polémica en Argentina por decreto que pena difusión de bienes de funcionarios

Un decreto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que sanciona con prisión "el uso indebido" de los datos de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, provocó hoy la polémica en el país suramericano.

La gobernadora, de Propuesta Republicana (Pro), el partido del presidente argentino Mauricio Macri, modificó un decreto suyo en el que instaba a sus funcionarios y a ella misma a presentar sus declaraciones juradas de bienes.

Según un nuevo decreto publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia, Vidal distinguió entre una declaración "sintética" y otra "integral", en la que aparezcan datos reservados como el número de una cuenta bancaria o el domicilio de un inmueble.

"Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente", agrega el texto del decreto publicado hoy.

Es decir, la norma estableció una sanción de hasta dos años de prisión sobre la difusión de esa información, según los artículos mencionados del Código Penal argentino.

Ante la duda sobre si el término de "terceros" también alcanzaba a la labor de los periodistas, Vidal aseguró que "el acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes".

"Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente, será revisada", dijo la gobernadora a través de su cuenta de la red social Twitter.

También Julio Conte-Grand, titular de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de Vidal, tuvo que hacer aclaraciones sobre el decreto.

"Están excluidos de este tipo de cuestiones quienes ejercen el periodismo, porque evidentemente la difusión de la información de la declaración jurada sintética por parte del periodismo no es indebida", dijo el funcionario en diálogo con el canal Todo Noticias.

"La gobernadora me ha dado la instrucción de que elabore un decreto para eventualmente eliminar estas referencias normativas", agregó Conte-Grand.

La polémica se generó apenas dos días después de que Pro se convirtiera en el blanco de las críticas de la oposición y de los medios de comunicación por artículo del proyecto de blanqueo de capitales que actualmente analiza el Congreso argentino.

Según una primera versión del texto, también quedaría penada la difusión de datos sobre quienes ingresen en la eventual exteriorización de capitales impulsada por el Gobierno.

Ante las críticas, el oficialismo dio marcha atrás y modificará esa parte del proyecto.

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