El Supremo de EEUU ratifica que Ecuador pague 96 millones dólares a Chevron

El Tribunal Supremo de EEUU rechazó hoy una apelación de Ecuador y ratificó que debe pagar 96 millones de dólares a la petrolera estadounidense Chevron al negarle a ese país la revisión de un fallo dictado en 2015 por una corte de apelaciones de Washington en relación a un tratado comercial entre ambas partes.

"Revisión denegada" determinó hoy la máxima instancia judicial de Estados Unidos en una breve notificación a la que tuvo acceso Efe, y con la que ratificó un dictamen del Tribunal de Apelaciones del distrito de Columbia, en Washington, de agosto de 2015 que obligaba al Gobierno ecuatoriano a pagar 96 millones de dólares a Chevron en virtud de un tratado de inversiones entre Ecuador y EEUU, en vigor desde hace 20 años.

Con este fallo, el Supremo confirma el veredicto del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya (Holanda) que determinaba que el tratado comercial suscrito entre Ecuador y EEUU en 1997 protege las inversiones de la petrolera en el país andino.

Cuando la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia falló contra Ecuador en agosto de 2015, la Procuraduría General del Estado ecuatoriano rechazó el fallo y no acudió al Tribunal Supremo de EEUU, que hoy rechazó su petición.

Este es solo el último capítulo de uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que dura ya más de 20 años y en cuyo epicentro se encuentran los daños ambientales y sociales supuestamente ocasionados a la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, adquirida posteriormente por Chevron.

La demanda sobre la que se pronunció hoy el Supremo de EEUU se refiere a otra vertiente del litigio, centrada en el tratado de inversiones entre Washington y Quito

El litigio actual comenzó cuando, entre 1991 y 1993, Texaco presentó seis demandas contra Ecuador por supuestas violaciones de un acuerdo conjunto para la exploración de petróleo, sobre las que la justicia ecuatoriana nunca emitió sentencia.

Mientras tanto, Ecuador y EEUU firmaron en 1993 un tratado bilateral de inversiones, que entró en vigor en 1997 y que invocó Chevron en 2006 al presentar una demanda contra Ecuador ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya y en la que pedía una respuesta a las siete demandas sin resolver.

Bajo este tratado Ecuador ofreció a los inversores de EEUU la oportunidad de intervenir en los litigios en los que se vieran involucrados, siempre que los conflictos afloraran con posterioridad a la entrada en vigor del tratado en 1997.

Por ello, durante todo el proceso judicial Ecuador ha argumentado que no debe indemnizar a Chevron, como reclama la petrolera, porque la relación entre ambas partes concluyó en 1995, dos años antes de la entrada en vigor del tratado.

Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje de La Haya rechazó esos argumentos y dictaminó que Ecuador debía de indemnizar a Chevron con 96 millones.

En respuesta, Ecuador recurrió la sentencia en los tribunales holandeses y recibió el rechazo de todas las altas instancias judiciales de ese país, incluida el Tribunal del Distrito de La Haya, la Corte de Apelaciones de esa ciudad y el Tribunal Supremo holandés.

En 2012, Ecuador decidió presentar un recurso contra la sentencia por la que debía pagar 96 millones a la petrolera ante la Corte del Distrito de Columbia, que en agosto de 2015 revisó la decisión del tribunal de arbitraje holandés y falló a favor de Chevron.

De esta forma, Ecuador se dirigió al Supremo de EEUU, insistió en que el tratado de inversiones contiene una "provisión no retroactiva", no puede aplicarse a casos anteriores a 1997 y, por tanto, Ecuador no debe pagar a Chevron, cuyos argumentos califica en documentos judiciales como un "truco de magia".

Bolivia acudió en ayuda de Ecuador y presentó ante la máxima corte un escrito para expresar su apoyo.

De esta forma, el Gobierno de Bolivia trajo a coalición una de las vertientes más importantes del caso: hasta qué punto y bajo qué circunstancias las cortes de EEUU pueden juzgar a Estados soberanos en territorio estadounidense y sin su consentimiento.

La decisión del Supremo estadounidenses para hacer pagar a Ecuador es firme, pero podría volver a ser estudiada si el Estado vuelve a traer el caso bajo otros términos.