Podemos exigirá explicaciones por las irregularidades de la lonja de Pasaia

El grupo juntero de Podemos en Gipuzkoa ha anunciado hoy que exigirá "todas las explicaciones que sean necesarias" sobre las presuntas irregularidades y sobrecostes detectados en las obras de la nueva lonja de Pasaia.

Podemos ha indicado, en un comunicado, que solicitará información sobre la actuación de cada institución concernida, en especial sobre su posición en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia que el pasado 5 de abril votó en contra de poner los hechos en manos de la Fiscalía.

No obstante, el Ministerio Fiscal estudia ya toda la documentación, que le fue entregada por la Abogacía del Estado, que forma parte del Consejo de Administración.

En concreto, tratará de delimitar si existe delito en las irregularidades de tramitación detectadas y puestas de manifiesto por dos auditorías realizadas por Puertos del Estado y que advierten de que se han ejecutado obras que no estaban incluidas en ningún contrato y sin consignación presupuestaria, correspondientes a un proyecto complementario de la obra que no se tramitó legalmente.

La obra se había adjudicado en 15 millones de euros, pero la desviación presupuestaria derivada de diferentes problemas que fueron surgiendo -y que las auditorías han considerado justificada- alcanza una cantidad aproximada de 5 millones de euros.

La crisis abierta en la Autoridad Portuaria de Pasaia al aflorar estas irregularidades han derivado en la destitución de su director, Gregorio Irigoyen, y en la apertura de un expediente disciplinario a otro alto cargo que se encargó de la dirección de obra, David Candelario.

Podemos ha expresado su "preocupación" por las informaciones publicadas y, sobre todo, "por la decisión adoptada en este consejo de administración de ocultar ese incremento tan desmedido del presupuesto de adjudicación".

Por su parte, la coordinadora de Ezker Anitza-IU de Gipuzkoa, Arantza González, ha calificado de "gravísimo" el sobrecoste de las obras y ha solicitado a la Fiscalía que "aclare todas las responsabilidades sobre el mismo".

En un comunicado, González ha tachado asimismo de "gravísimo y bochornoso el hecho de que el Consejo de Administración no votara a favor del traslado de esa documentación a la Fiscalía, para que ésta valorara si la desviación pudiera ser constitutiva de un delito".

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