Déficit y Constitución: ¿maquillaje o responsabilidad?
El techo al déficit público ya es en España una realidad constitucional. A partir de 2020. Entonces, largo nos lo fían, seguramente tendremos una realidad y unas necesidades económicas muy distintas.
Las razones que han llevado a los dos partidos con alternativa de Gobierno a sellar este acuerdo, en menos de una semana, las conocemos todos: enviar un mensaje de confianza a los inversores que han propiciado un "agosto negro" en los mercados de deuda y bursátiles. Una reacción, por otra parte, muy propia en vísperas de unas elecciones anticipadas.
El problema de la deuda soberana va a quedarse en la Unión Europea todavía un buen tiempo. A los eurobonos, aún les queda un largo camino para poder funcionar... Hasta entonces, quizá la única solución sea reducir "responsablemente", como señalan Francia y Alemania, el endeudamiento de los países del Euro.
Media Europa parece convencida de que las recetas keynesianas perjudican más que ayudan a salir de la crisis actual. Queda por ver si limitar el déficit público en la Constitución calmará durante mucho tiempo a esos mercados o si, por el contrario, sólo será un parche como los anteriores. En un horizonte más amplio, nadie niega que lo deseable es que los Estados sean capaces de controlar su endeudamiento, como establece la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución.
Pero no deja de ser una tomadura de pelo para el contribuyente (ese que alimenta el presupuesto y paga los déficit) que no se aborde definitivamente el tema de la transparencia presupuestaria. España figura en las catacumbas de los rankings internacionales. Sin una agencia independiente de ejecución y control presupuestario todas estas medidas son maquillaje para la galería financiera y más leña para el fuego de los indignados.
