Sindicato cifra la adhesión al paro en la administración portuguesa en 70 %

La huelga convocada en la administración central portuguesa para exigir la reposición inmediata de las 35 horas semanales tuvo hoy un seguimiento superior al 70 %, según sus organizadores, aunque sus consecuencias fueron limitadas.

Los datos fueron facilitados por la Federación Nacional de Trabajadores en Funciones Públicas y Sociales, cuya coordinadora, Ana Avoila, destacó sobre todo la movilización registrada en el sector de la educación y la sanidad.

Las autoridades lusas no dieron cifras sobre el paro y no se pronunciaron sobre sus efectos, menos visibles que en anteriores ocasiones, sobre todo por no haber afectado al sector de los transportes.

"La huelga puede situarse entre el 70 y el 80 % -de participación-, incluyendo los hospitales", aseveró Avoila, portavoz de una entidad que pertenece al principal sindicato del país, de orientación comunista.

Apuntó que el seguimiento del paro fue mayor incluso en áreas como las urgencias hospitalarias, especialmente entre el colectivo de enfermeros, lo que provocó que algunos centros de salud funcionasen con apenas servicios mínimos.

Los convocantes de esta primera huelga que afronta el nuevo Gobierno socialista -en el poder desde hace dos meses- destacaron también el impacto en los colegios de primaria y secundaria, lo que no evitó que la mayoría de las escuelas del país abriesen sus puertas.

En opinión de la coordinadora de la Federación, el paro de hoy registró un "gran" apoyo, que cuantificó en "miles" de personas, lo que refleja de que los funcionarios lusos "no pueden y no quieren ser engañados" durante más tiempo.

La movilización se debió a la jornada laboral de los trabajadores del sector público, que pasó de 35 a 40 horas semanales en septiembre de 2013 como parte de las políticas de ajustes implementadas por el anterior Ejecutivo, de signo conservador.

El nuevo Gobierno socialista ya aprobó en el Parlamento junto a sus socios de izquierda reponer las 35 horas semanales, aunque todavía falta detallar cuándo entrará en vigor.

Su idea original era poner en marcha la medida a partir del 1 de julio, una fecha que es rechazada por el principal sindicato del país, que exige que se pongo en práctica en el plazo de tiempo más breve posible.

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