Audiencia Nacional rechaza los recursos de tres usuarios de tarjetas "black"

La Audiencia Nacional ha desestimado hoy los recursos presentados por tres investigados en el caso de las polémicas tarjetas opacas de Caja Madrid contra el auto en el que el juez Andreu proponía la apertura de juicio oral.

En un auto conocido hoy, la sección 3º de la Sala de lo Penal rechaza los recursos presentados por Antonio Romero Lázaro, Mariano Pérez Claver y Ramón Martínez Vilches al considerar que existen "indicios suficientemente fundados, razonados y justificados" de la comisión de delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Esta decisión se suma a la de otros diez recursos que ya fueron desestimados a principios de este mes, entre los que se encontraban el del exministro Virgilio Zapatero y el del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

La sección tercera de la sala de lo penal considera que, en el caso de Antonio Romero "en modo alguno puede admitirse que los gastos de representación sean un concepto retributivo de libre disposición que no hay que justificar", como éste alegaba en su recurso.

Con respecto a Pérez Claver y Martínez Vilches, quienes alegaron que "en ningún momento fueron miembros de los órganos de Gobierno de la caja", la sala considera que "el hecho de haber sido usuario de las citadas tarjetas constituye indicios de criminalidad suficientes" para continuar con la apertura del juicio.

El pasado 1 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó la apertura de juicio oral por el caso de las tarjetas opacas, al reconocer indicios suficientes de administración desleal por parte de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y del ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.

Anticorrupción solicita seis años de prisión para Blesa y cuatro años y medio para Rato, unas penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente.

En total son 66 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida, con penas diversas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.