Rechaza moción en la que se pedía desmentir declaraciones de Lecumberri (UGT)

La comisión parlamentaria de Derechos Sociales ha rechazado hoy una moción en la que se instaba al Gobierno foral a desmentir unas declaraciones del secretario general de UGT, Javier Lecumberri, en las que afirmaba que su sindicato había recibido del Ejecutivo asignaciones del programas de apoyo para prevención de riesgos laborales.

La moción, presentada por el portavoz parlamentario de Podemos-Ahal Dugu, Carlos Couso, ha sido rechazada con los dos votos a favor de su formación y los 13 en contra de los demás grupos parlamentarios, UPN, EH Bildu, Geroa Bai, PSN, PPN e Izquierda-Ezkerra.

En ella, se instaba al Gobierno de Navarra a "declarar públicamente como inciertas" las afirmaciones en las que el secretario general de la organización sindical UGT, Javier Lecumberri, aseguraba que la entidad "había recibido del Ejecutivo la asignación de nuevos programas en materia de apoyo para la contratación y prevención de riesgos laborales".

Además, solicitaba exigir a Lecumberri una "rectificación pública de las manifestaciones que se hicieron como suyas, ya que no lo ha hecho a día de hoy".

"El día 7 de marzo se publican en varios medios unas manifestaciones que no se corresponden con las actuaciones hechas por el Gobierno", puntualizaba el texto.

Couso ha señalado que el secretario general de la organización sindical manifestaba "que el Gobierno decidió finalizar a 31 de diciembre una serie de programas que están realizando de prevención riesgos laborales y orientación a desempleados", pero que "dos meses después volvió a ponerlos en marcha".

El portavoz parlamentario ha señalado que Lecumberri justificaba las afirmaciones indicando que "desde el Ejecutivo de Barkos han visto imposible atender con los medios que tiene a los empleados".

"Estas declaraciones no se corresponden con lo acordado, no solo en el anteproyecto, sino también en los presupuestos", ha indicado, antes de señalar que se han revisado "los convenios asignados para este año" y "no hay nada fuera de lo acordado".

Además, ha indicado que "el consejero dijo que no ha habido ningún cambio y que se han mantenido convenios".

Couso ha lamentado que "hay un acuerdo programático que se está reflejando en los presupuestos, y el secretario general de una organización sale públicamente a manifestar cosas que no son ciertas". "No sé si para crear problemas al Gobierno o para lucir las bondades de su organización", ha apuntado.

Todos los grupos parlamentarios se han mostrado en contra de lo planteado, ya que han coincidido en señalar que es una moción "improcedente" y que "no es competencia del Parlamento".

El portavoz parlamentario de UPN, Luis Zarraluqui, ha indicado que "es una materia que debería plantearla en el seno de las reuniones del cuatripartito".

"Estamos ante una moción sorprendente por lo improcedente que considero que es", ha apuntado, antes de afirmar que supone "abrir falsos debates sobre problemas inexistentes". "No estamos aquí para estas cuestiones, hay otros temas más importantes que tratar", ha indicado.

En la misma línea se ha mostrado la portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Isabel Aramburu. "Lo que nos compete es controlar las políticas que está haciendo el Gobierno, no entrar en las manifestaciones púbicas o controversias con determinadas entidades", ha afirmado.

La representante de la formación parlamentaria EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde, ha señalado que se trata de un caso de "dialéctica" y "libertad de expresión". "El Parlamento no es nadie para decir al Gobierno que exija públicamente al secretario que rectifique -ha añadido-. Es extralimitarnos en nuestras competencias y funciones".

La portavoz parlamentaria de PSN, Ainhoa Unzu, ha solicitado la retirada de la moción por considerarla un "despropósito que carece de sentido". Además, ha considerado que el secretario general de UGT tenía razón en sus afirmaciones, ya que "sí se han aprobado unos convenios".

La representante de la formación parlamentaria PPN, Ana Beltrán, ha considerado que la moción "no debería haber sido admitida", y que su aprobación supondría "sentar un precedente absolutamente inadmisible".

El portavoz parlamentario de IE, José Miguel Nuin, ha considerado que "el consejero dejó clara la cuestión". "Es un terreno muy vidrioso que el Parlamento entre como institución a desmentir declaraciones", ha añadido.

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