El seguro espera al nuevo Gobierno para retomar la lucha por la supervisión
Las aseguradoras españolas esperan al nuevo Gobierno para retomar su vieja batalla por la independencia de la supervisión del sector,[…]
Las aseguradoras españolas esperan al nuevo Gobierno para retomar su vieja batalla por la independencia de la supervisión del sector, que quieren desvincular del Ministerio de Economía y que incluso están dispuestas a financiar ellas mismas, con tal de equipararla al resto de los países de la Unión Europea.
Así lo han explicado a Efe fuentes del sector, que recuerdan que en España el sector financiero está supervisado por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros (DGS), adscrita al Ministerio de Economía.
Este esquema ha sido fuertemente criticado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que los supervisores deben ser plenamente independientes y sostenerse con los ingresos derivados de las cuotas de las empresas supervisadas y así lo ha recomendado.
La DGS, explican las mismas fuentes, debería dejar de ser una dirección general y convertirse en un organismo independiente y financiado por las propias aseguradoras, que están dispuestas a doblar el presupuesto actual, que rondaría los 14 millones de euros.
Las compañías, que en ningún momento se quejan de la calidad de la labor de los inspectores de la DGS, han calculado que harían falta unos 28 millones de euros no sólo para sostener la estructura actual sino también para actualizar los sistemas informáticos y aumentar la plantilla con personal especializado.
De esta forma, los inspectores podrían dedicarse de lleno a su labor y verse descargados de algunas tareas que ahora tienen que realizar, como el volcado de datos, con lo que, entre otras cosas, se agilizaría la presentación de la información relativa al sector.
Lo que las fuentes consultadas no han aclarado es cuánto personal adicional haría falta para acometer esta nueva etapa con eficacia, ni tampoco la cuantía de las tasas que pagarían las aseguradoras en el caso de que estas peticiones, que llevan unos diez años encima de la mesa, fueran atendidas.
Las aseguradoras se han quejado en muchas ocasiones del poco caso que se les hace en las altas instancias del Gobierno, y algunas lo achacan a que siempre han dado la talla, incluso en tiempos de crisis.
Otra cosa muy distinta ocurriría, aseguran, si hubieran creado problemas, como ocurrió con las quiebras de las antiguas cajas, que hubo que rescatar y que fueron una parte muy importante de la crisis financiera que sufrió España.
Los distintos puntos de vista sobre el sistema supervisor siempre han existido y la discusión se reaviva de vez en cuando, como el pasado enero, cuando el subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, se mostró partidario de la reforma del modelo actual para basarlo en el sistema "twin peaks", con dos organismos supervisores, lo que implicaría la desaparición de la DGS.
En opinión de Restoy, el modelo sectorial por el que se rige la supervisión española "no incorpora las lecciones más importantes de la crisis, y desaprovecha las sinergias que ofrece una única vigilancia", además de establecer regímenes distintos y esquemas de protección de los inversores que no son homogéneos.
El "número dos" de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, salió en defensa del modelo actual y también de la labor realizada durante la crisis por la DGS, que calificó de "muy positiva", acorde con los estándares europeos y con las mejores prácticas internacionales.
Para él, una muestra de la veracidad de ese argumento es que el sector asegurador ha superado la crisis financiera internacional manteniendo un alto grado de solvencia y sin recurrir a dinero del contribuyente, "lo contrario a lo que ha sucedido en el sector bancario".
El sector no está de acuerdo con ninguno de ellos, y prefiere ser supervisado por un organismo especializado e independiente, aunque de momento se mantiene a la espera del nuevo Ejecutivo, con el que llegarán los nuevos interlocutores que despejarán la "parálisis legislativa" que vive España desde el pasado 20 de diciembre.