La ratio de atención en las residencias de Bizkaia supera un 48% lo exigido

La diputada vizcaína de Acción Social, Isabel Sánchez-Robles, ha asegurado hoy que la ratio de atención media en las residencias de ancianos de Bizkaia supera en un 48 por ciento el promedio exigido legalmente, que fue establecido en 1998 por el Gobierno Vasco.

Sánchez-Robles ha difundido hoy este dato, que se incluye en el informe de inspección de 2015 aún sin cerrar, en la comisión correspondiente de las Juntas Generales en la que ha comparecido a petición de EH Bildu para explicar la posición de su departamento ante la convocatoria de una semana de huelga en el sector del 8 al 14 de junio en demanda de mejoras laborales.

Según ha destacado, la Diputación considera que los trabajadores tienen un "derecho legítimo" a reivindicar sus condiciones laborales, pero ha recordado que pertenecen a las empresas adjudicatarias del servicio.

Ha enfatizado que "no es competencia" de la Diputación intervenir en ese proceso de negociación del convenio colectivo y ha afirmado que en los pliegos de licitación del servicio ya se incluye la exigencia de que se respeten los convenios y las condicionales laborales.

Ha asegurado que la inspección foral no ha recogido ninguna queja sobre el incumplimiento de dichas condiciones y ha instado a los trabajadores a que, en el caso de que existan, trasladen esas actuaciones a la Diputación, "pero no solo en época de negociación del convenio", según ha matizado.

Sobre el cumplimiento de los ratios medios de atención, una de las reivindicaciones de los trabajadores, ha reconocido que se deben adaptar, ya que los actuales se marcaron en 1998, y ha recordado que la competencia es del Gobierno Vasco.

De momento y durante el año pasado, la ratio de atención en Bizkaia superó en un 48 por ciento dichos límites.

La responsabilidad de la institución foral, según ha destacado, es atender a las personas mayores en situación de dependencia en grado 2 y 3, lo que supone el 50 por ciento de las 10.070 plazas ofertadas por las residencias vizcaínas.

De esa cifra, únicamente se han registrado 34 reclamaciones de usuarios o familiares en 2015 (37 en 2014), que han conllevado la formalización de 11 expedientes de inspección.

"Se está intentando extender un velo negativo sobre el sistema de protección social de Bizkaia y se habla de condiciones laborales extremas, pero no se han trasladado hechos concretos a la inspección, cuando si esos hechos existen, el compromiso de la Diputación es atajarlos", según ha dicho.

Por parte de la oposición, tanto EH Bildu como Podemos y el PP han considerado que la Diputación debería implicarse en el conflicto de las residencias porque se trata de personas que atienden a dependientes, y es un servicio público, pese a estar externalizado.

El PNV y el PSE/EE, partidos que sustentan el gobierno foral, han opinado, por su parte, que el marco de negociación incluye solo a las empresas y a sus trabajadores.

El juntero del PNV Jon Sánchez ha manifestado, además, que la Diputación no es responsable de las relaciones laborales, y ha criticado que "algunos sindicatos han decidido hacer política, sin presentarse a las elecciones".

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