Propuestas 215 medidas para aumentar 590 millones recaudación fraude fiscal

El nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal 2016-2019 contempla un total de 215 medidas de detección y prevención de este tipo de prácticas, con unas previsiones de recaudación por esta vía de 590 millones de euros en la presente legislatura.

Esta cuantía supone un incremento del 5 % respecto a lo contemplado en el documento actual en vigor (2014-2017), que recoge 157 iniciativas con un impacto previsto de 560 millones de euros.

Las nuevas medidas se plasmarán en 385.000 actuaciones, 190.000 orientadas a la recaudación, otras tantas a gestión y 5.000 inspecciones tributarias, según el plan que contempla mantener la plantilla y ampliarla en 5 nuevas plazas de personal técnico -existen 10 vacantes sobre una plantilla de 60 en esta categoría-, 10 de gestión y 2 de agentes tributarios. El departamento quiere convocar oposiciones para 10 plazas de técnico y 12 de gestor.

El contenido del borrador, al que se pueden hacer aportaciones hasta el día 21, ha sido expuesto a la comisión de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, constituida hoy con miembros del Gobierno, Parlamento y agentes sociales y económicos.

El "gran consenso" existente en esa reunión ha sido puesto en valor por el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, quien ha dicho ser "optimista" al respecto, al tiempo que ha apuntado que todos coinciden en que la lucha contra el fraude fiscal no es solo tarea de hacienda, sino de toda la sociedad.

Aunque a la reunión constitutiva no han acudido representantes de UPN, PP, I-E y UGT, el consejero ha precisado que todos los grupos parlamentarios y los cuatro sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO, ELA y LAB) han manifestado su voluntad de participar en ella.

En su comparecencia Aranburu ha instado a reflexionar sobre las competencias fiscales y su ejercicio, ya que, según ha dicho, "dentro del Estado español hay comunidades que juegan a competencia desleal y esto hay que superarlo".

Ha precisado que al llamar la atención sobre esto lo que quiere es alertar de que en ese escenario "el final es el tipo cero, no habría recaudación", al tiempo que ha dicho que "sería deseable una unificación a nivel europeo en cuanto a normativa tributaria a niveles de presión fiscal para evitar esos desplazamientos". Ha puntualizado que esto no es contradictorio con la autonomía fiscal.

Por su parte, el gerente de Hacienda, Luis Esáin, ha explicado que el grueso de las acciones previstas tiene que ver con el control tributario (97) y prevé extender las verificaciones de colectivos con mayor riesgo de fraude fiscal: empresas que declaran el impuesto de sociedades , entidades que se declaran carentes de ánimo de lucro, negocios en general o tráfico de hidrocarburo.

También se incrementará la vigilancia sobre los bienes y cuentas en el extranjero (el modelo 720) y se hará acopio de información sensible que ahora queda fuera del sistema y así se recabará mayor información de entidades financiera sobre movimiento de tarjetas de crédito, cajas de seguridad y movimientos de efectivo.

No obstante, han precisado que la lucha contra el fraude no debe limitarse al control de conductas insolidarias sino que, para reducirlo, es preciso facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, para lo que se han diseñado 16 medidas.

En el apartado normativo (36 medidas), se plantea la renovación o reforma "sustancial" de Ley Foral General Tributaria; se prevé impulsar la reforma global de la Ley Foral de Haciendas Locales y se proponen cambios en la Ley Foral del Impuesto de Sociedades para adaptarla a las directrices de la Comisión Europea.

En cuanto a las medidas de recaudación (10) quieren implantar nuevos procedimientos de cobro y potenciar los actuales y en el capítulo de sistemas informáticos (24 medidas) se marcan como objetivo la mejora de la gestión cotidiana.

En ese sentido plantean centralizar toda la información económico-tributaria relativa a un inmueble y se va a analizar la viabilidad de implantar sistemas de control y certificación en las cajas registradoras de los negocios de venta al público. Se establecen también medidas de colaboración con otras entidades (17) y acciones en materia de educación tributaria (7 medidas).EFE

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