El Gobierno portugués y la patronal vuelven a rechazar las sanciones de la CE

El Gobierno luso y la patronal reiteraron hoy su rechazo a que la Comisión Europea (CE) aplique sanciones a Portugal por el incumplimiento de la meta de déficit público de 2015 y alertaron de las consecuencias que podría tener para su economía.

Cuando se acerca la fecha en la que la CE se reunirá para decidir si Portugal y España deberán pagar alguna multa por no cumplir con el objetivo del déficit -encuentro previsto para principios de julio-, varias autoridades lusas dejaron el mensaje de que no sería justo que el país tuviera que sufrir una penalización.

El primer ministro luso, António Costa, aprovechó su visita a Bruselas para acudir al Consejo Europeo para volver a subrayar que la aplicación de sanciones a Portugal sería "una pésima señal", sobre todo teniendo en cuenta los desafíos que afronta ahora Europa, como la crisis de refugiados, la amenaza terrorista y el "brexit".

"Si eso llegase a ocurrir sería una pésima señal, significaría que la Comisión Europea no entendería lo que está pasando hoy en Europa", dijo en declaraciones a medios lusos en la capital belga.

El socialista Costa consideró "absolutamente ridículo" discutir el desvío de unas décimas del objetivo de déficit, especialmente porque "incluso con las previsiones de la CE, está garantizado que Portugal acabará con un déficit por debajo del 3 %" este año.

"Infelizmente, la Comisión Europea ya me ha decepcionado suficientes veces para poder tener la seguridad de que no me decepcionará nuevamente", consideró el jefe del Gobierno luso, que sigue siendo "optimista" pero alertó de las "perturbaciones" que causaría en los mercados una eventual multa.

Por su parte, la patronal lusa también se mostró hoy en contra de las sanciones a Portugal y aseguró estar preocupada por la posibilidad de nuevas exigencias para reducir más rápido el déficit público.

En un comunicado emitido tras su participación en una reunión con técnicos del Fondo Monetario Internacional, la Confederación de Empresarios de Portugal (CIP) apeló a que "sean evitadas medidas políticamente injustificadas que pongan en riesgo la recuperación económica" del país.

La patronal consideró que las nuevas exigencias para reducir el déficit podrían traducirse en aumentos de impuestos, "pervirtiendo la estrategia de consolidación definida y afectando, inevitablemente, al crecimiento económico y al empleo".

Portugal cerró el ejercicio de 2015 con un déficit del 4,4 % -incluyendo el impacto fiscal derivado de la liquidación del banco Banif-, lejos de lo pactado con Bruselas, que exigía que el indicador no alcanzase el 3 %.