Rosell ve necesario un plazo de 4-5 años para cambiar la legislación laboral

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, ha dicho hoy que si España quiere cambiar la legislación laboral necesitaría, al menos, cuatro o cinco años y, a partir de ahí, "hacer un cambio importante".

Rosell, que ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la presentación del índice de Libertad Económica en el Mundo de 2015, ha descartado derogar la última reforma laboral: "o derogamos todo o partimos de cero, lo cuál es muy complicado".

El presidente de la patronal ha propuesto al nuevo Gobierno que adapte la realidad a la legalidad y se hagan leyes cortas. Por ejemplo, en Formación Profesional, ha propuesto una ley "revolucionaria" de tres líneas.

Así, según Rosell, esta ley diría simplemente que la empresa, que es la que paga, decide, junto a los trabajadores y los sindicatos la formación profesional. "Revolucionario", ha insistido.

Rosell ha dicho que ha propuesto ya estas fórmulas, pero "ni caso", por lo que ha subrayado que lo que falta es "intencionalidad política".

También ha comentado que en el ámbito laboral, desde 1995 hasta 2015 ha habido 50 reformas laborales por lo que si se quiere cambiar "lo que hay que hacer es mirar de arriba abajo, ver qué se puede simplificar o hacer una nueva legislación laboral".

En 2015, en España se crearon 884 nuevas normas a nivel estatal y se publicaron casi un millón de páginas en los boletines del Estado y las comunidades autónomas, lo que nos coloca en un "récord mundial".

Rosell ha apostado por leyes claras, concretas que sean evaluables, "y cuando no funcionen se cambien".

Para el presidente de la patronal, que España esté en el puesto 49 del ránking mundial de la Libertad Económica en el Mundo de una una lista de 157 "no es para estar felices" y, en esta línea, ha asegurado que los países con menos libertad económica tienen una legislación más compleja y ofrecen más obstáculos.

Rosell ha reiterado que falta impulso político para "enderezar" esta situación y ha asegurado que en España la legislación "entorpece" la creación de empresas.