CE aplaza al jueves su dictamen sobre la inacción de España contra el déficit

La Comisión Europea (CE) ha decidido posponer al jueves su veredicto sobre la falta de acción de España y Portugal para reducir su déficit público en 2015 y cumplir con los compromisos que había asumido al respecto, lo que abre la puerta a que ambos países sean multados, pero en otoño.

Finalmente, el colegio de comisarios -el núcleo decisorio de la Comisión Europea- debatirá mañana esta cuestión, pero no tomará su decisión hasta el jueves, explicaron a Efe fuentes comunitarias.

La decisión acercaría más a España a una potencial multa de hasta 2.000 millones de euros, aunque aún quedan por resolver varias incógnitas durante el proceso, por ejemplo si los países apoyarían esta sanción -Alemania se muestra a favor, Italia se ha pronunciado en contra- y qué tipo de sanción podría producirse.

Los partidarios de la multa alegan que, de lo contrario, se dañaría la credibilidad de las reglas europeas de disciplina fiscal, que ya se han puesto en entredicho después de que la Comisión decidiera en mayo posponer hasta principios de este mes su decisión sobre las medidas a adoptar.

Una vez que la Comisión adopte su recomendación, ésta deberá ser respaldada por una mayoría cualificada de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) en el Ecofin, que se reúnen el próximo día 12.

Sin embargo, unas segundas fuentes comunitarias explicaron a Efe que la cuestión está incluida de manera provisional en la agenda del encuentro, ya que aún no se ha decidido si se tratará en él o no.

El retraso de la recomendación de la Comisión podría hacer que el Ecofin no tuviera preparada la cuestión para el día 12, con lo que tendría también que atrasar su aprobación hasta una reunión posterior, una vez pasado el verano.

Si los países deciden dar la razón a la CE y constatan el incumplimiento por parte de España y Portugal, la institución tiene 20 días para recomendar al Consejo una multa, que será adoptada salvo que el Consejo decida por mayoría cualificada rechazarla en un plazo de diez días.

La sanción puede ser reducida o incluso cancelada por la CE por circunstancias económicas excepcionales o tras una solicitud razonada recibida de Madrid en un plazo de diez días.

El déficit público de España se situó en el 5,1 % del PIB en 2015, contando las ayudas concedidas a la banca, casi un punto por encima del objetivo del 4,2 % que le exigía Bruselas para lograr encarrilar su desvío por debajo del tope del 3 % en 2016, aunque la CE ha propuesto dar un año más al país para que logre esto último.

Las normas de disciplina fiscal europeas, recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), exigen a los países mantener su déficit público por debajo del 3 % del PIB, de modo que, si lo superan, se les asignan unos objetivos anuales de reducción del desvío que deben ir cumpliendo.

De rebasar estos límites y no tomar las medidas necesarias para evitarlo -la decisión que precisamente tomará Bruselas el jueves- los países se arriesgan a ser sancionados con una multa equivalente al 0,2 % del PIB, es decir, unos 2.000 millones de euros en el caso español.

El Gobierno español en funciones ha expresado en numerosas ocasiones su convencimiento de que España no debe ser multada, mientras que el primer ministro luso, António Costa, mostró su rechazo a aprobar ahora medidas adicionales para evitar sanciones de Bruselas por incumplir con el desvío del año pasado.