La Asamblea francesa aprueba la ley que controla el salario de los directivos

La Asamblea francesa aprobó hoy un proyecto de ley en favor de la transparencia y contra la corrupción que incluye un mecanismo para controlar la remuneración de los directivos de empresas y un estatus para los que denuncien graves delitos de corrupción.

El proyecto de Ley, conocido como "Sapin II" por su propulsor, el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, fue finalmente aprobado por 308 diputados, 39 abstenciones y 171 votos en contra en una cámara baja que domina el gobernante Partido Socialista (PS).

Para su entrada en vigor deberá ser sancionado por el presidente francés, François Hollande.

Esta ley "pone a Francia a la altura de los mejores estándares internacionales" en la lucha contra la corrupción, alegó Sapin.

Entre la batería de medidas, destaca la obligación de que las juntas de accionistas de las grandes empresas den su visto bueno a la paga decidida por los consejos de administración.

Este punto pretende evitar casos como el del presidente de Renault, Carlos Ghosn.

El consejo de administración de Renault, pese al voto negativo de los accionistas, atribuyó a Ghosn 7,2 millones de euros a cuenta del ejercicio 2015.

Uno de los elementos centrales de la ley "Sapin II" es un dispositivo para luchar contra la corrupción de las empresas francesas en el extranjero y de las extranjeras que actúen en territorio galo.

Se creará además una Agencia Francesa Anticorrupción, que controlará a las compañías de más de 500 trabajadores con ingresos superiores a los 100 millones de euros

La ley obliga también a que los grupos de presión o 'lobbies' se registren aportando el nombre de sus clientes y sus intenciones para poder reunirse con los poderes púbicos.

Asimismo, se crea una nueva figura jurídica, la de los individuos que de buena fe que avisan de un potencial delito de fraude fiscal.

A ellos se les dotará de un estatus que incluye una protección acerca de posibles represalias.

En el sector financiero, se prohíbe los anuncios en la Red de establecimientos que ofrezcan productos con especial riesgo.

A los partidos políticos y candidatos, la ley Sapin exigirá transparencia respecto al origen y el montante de sus préstamos.