Cáceres reclama a Acciona casi 5 millones por incumplimiento de contrato

El Ayuntamiento de Cáceres tiene abiertas dos reclamaciones por vía administrativa a la empresa Acciona, antigua concesionaria del servicio del agua, por casi cinco millones de euros, por incumplimiento de contrato y pagos pendientes.

El Consistorio ya tenía abierta una reclamación de un millón de euros por deficiencias en la prestación del servicio y ahora va a iniciar otra por casi 4,3 millones de euros por liquidaciones pendientes e inversiones que no realizó.

El portavoz del equipo de Gobierno, Rafael Mateos, ha explicado en una rueda de prensa que esta decisión se ha tomado tras el informe presentado por la inspección, surgido por la desestimación del recurso de Acciona que solicitaba al Ayuntamiento el pago de casi 10 millones de euros.

Esa sentencia, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, "tal y como dijimos en su momento dejaba la vía abierta para que el Ayuntamiento pudiese reclamar por los incumplimientos de la empresa cuando fue concesionaria", ha indicado Mateos.

Así, el Ayuntamiento va a solicitar a la empresa 1,8 millones de euros por inversiones obligatorias previstas en el pliego del contrato que "no se hicieron", según el portavoz.

Además de 2,5 millones por recibos pendientes de liquidar del servicio de basura y de canon no satisfecho a la Confederación Hidrográfica del Tajo y 700.000 euros que correspondían a la renovación de maquinaria, utillaje y contadores.

Mateos ha mostrado su voluntad de que haya un acuerdo extrajudicial, pero que de no ser así recurrirán a al vía judicial.

Acciona se hizo cargo del servicio del agua en la ciudad del 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2015, una vez que el contrato fue resuelto por una sentencia del 20 de noviembre de 2014 al haberse dado una serie de defectos en la adjudicación.

Acciona presentó una liquidación del contrato al Consistorio que le fue rechazada y acudió a la vía contenciosa, que resolvió que no le corresponde ninguna indemnización por daños y perjuicios, ni por lucro cesante, al haberse declarado el contrato nulo de pleno derecho.

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