El Gobierno de Puerto Rico inicia el aumento salarial con los funcionarios
El Gobierno de Puerto Rico inició el proceso para aumentar el salario mínimo que comenzará con los empleados públicos mientras[…]
El Gobierno de Puerto Rico inició el proceso para aumentar el salario mínimo que comenzará con los empleados públicos mientras se negocia con la patronal su implantación en la empresa privada.
El secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, dijo hoy que la firma por parte del gobernador, Ricardo Rosselló, el jueves, de una orden ejecutiva para aumentar el salario mínimo entre los empleados públicos y en los contratos gubernamentales de construcción es un primer paso para que llegue al sector privado.
Saavedra señaló que encabeza un grupo de trabajo encargado por Rosselló para negociar con la patronal que la medida se establezca también en las empresas privadas, iniciativa que llega en uno de los peores momentos de una crisis económica que se prolonga desde hace una década agudizada por la imposibilidad de pagar la deuda pública.
El funcionario indicó que la subida salarial no es algo extraordinario y que es una opción por la que se han decantado varios estados de EE.UU. que como recordó "no han esperado al Gobierno federal".
Saavedra resaltó que por ello durante el próximo verano ese alza debe ser efectivo en Puerto Rico entre los empleados públicos y en los contratos gubernamentales del sector de la construcción.
No dio detalles de en qué situación están los contactos con la patronal para que la medida afecte también a los empleados de las empresas privadas y se limitó a señalar que el asunto esta en proceso de negociación.
La orden ejecutiva establece que a partir del próximo 1 de julio el salario mínimo de los empleados de las agencias del Gobierno central aumentará de 7,25 a 8,25 dólares la hora.
Prevé también que todo contratista del Gobierno en la industria de la construcción tendrá que emitir una certificación para equiparar el salario mínimo de sus empleados al de los servidores públicos.
Algunos economistas cuestionaron la iniciativa del Gobierno, ya que coincide con los graves problemas de las arcas públicas, sin apenas liquidez para cuadrar el próximo presupuesto que la Junta de Supervisión, entidad aprobada por el Congreso en Washington para atender el problema de la deuda, exige sea austero. EFEUSA
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