Demanda, morosidad y fiscalidad, lo que más influye en la mejora de negocios

Los gestores empresariales extremeños consideran que los factores más importantes para la capacidad de incremento de sus negocios fueron en 2016 la demanda de sus productos, la morosidad y la fiscalidad.

Así lo refleja el módulo adicional de la Encuesta de Indicadores de Confianza Empresarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 51,7 % de los gestores extremeños consultados dieron una importancia alta a la demanda de los productos, el 39,1 a la morosidad y el 36,2 a la fiscalidad.

En España estos factores fueron la demanda de sus productos (el 53,5 % de las respuestas le dio una importancia alta), el entorno macroeconómico (38,6) y la fiscalidad (35), según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (IIEX) en un comunicado.

Por el contrario, los costes judiciales (el 35,8 % de las respuestas en la categoría baja), los costes input (28) y la insuficiencia de equipamiento (26,2) fueron considerados de escasa importancia para la capacidad de crecimiento de los negocios extremeños en 2016.

A nivel nacional, los factores de baja importancia fueron los costes judiciales (el 44,2 % de las respuestas en la categoría baja), la insuficiencia de equipamiento (30,4) y las infraestructuras (27,1).

La morosidad (el 32,8 % de respuestas desfavorables), el entorno macroeconómico (30,9) y la fiscalidad (29,2) fueron los componentes cuya evolución tuvo una repercusión más negativa en los negocios en Extremadura.

Por otro lado, la demanda de sus productos (el 12,9 % de respuestas favorables), la adecuación del capital humano (8,5) y la eficiencia del mercado de trabajo (8,1) presentaron los mayores impactos positivos.

En cuanto a la percepción de la evolución de los recursos dedicados a la resolución de trámites con las administraciones, el 13,3 % señaló un aumento en los recursos dedicados a resolver trámites en la Administración local, porcentaje que se incrementó al 13,7 en el caso de la autonómica y más aún en la estatal, el 14,8.

Por el contrario, el 7,4 % de los encuestados observaron una disminución de los recursos dedicados a resolver los trámites con la Administración estatal, el 6,6% con la autonómica y el 5,2% con la local.

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