Más impuestos y nuevas prestaciones sociales para un horizonte robotizado

El aumento de la pobreza y la desigualdad resultado de la crisis y su gestión ha provocado que desde hace unos años se esté discutiendo la conveniencia de diseñar nuevas prestaciones que palíen los nuevos problemas sociales. A la ecuación anterior se ha sumado un elemento más que podría agravarla: la robotización, que podría eliminar puestos de trabajo, contribuyentes y cotizantes a la Seguridad Social y, por tanto, los derechos asociados a tener un trabajo, que harían aún más necesarias prestaciones desvinculadas del mundo laboral. Aunque sobre los robots podría diseñarse un nuevo impuesto o cotización que contribuyera a la financiación de las rentas sociales del futuro, ello no impediría cambios (y subidas) en los impuestos clásicos según la modalidad de renta (si universal, condicionada o como complemento a los salarios) que se termine poniendo en marcha.

Renta Básica Universal

La Renta Básica Universal es la respuesta más ambiciosa a los retos del presente y del futuro, dado que consiste en una asignación monetaria incondicional a toda la población. Con ello, se pasaría de un sistema contributivo (los trabajadores acumulan derechos cuando trabajan para cobrar subsidios) a uno universal, que no conlleva ni contribuciones previas ni requisitos a cumplir para disfrutarlo y que, además, es compatible con el trabajo. Daniel Raventós, titular del departamento de Teoría Sociológica de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y fundador de la Red Renta Básica, propone una renta de 622,5 euros mensuales para los mayores de 18 años y un 20 por ciento de esa cantidad para los menores de edad. ¿Por qué esa cifra? Porque era el umbral de la pobreza en el año 2010, sin contar Navarra y el País Vasco, un momento en el que la situación económica española estaba en un nivel de degradación muy elevado.

¿Llevaría esta renta a la gente a no trabajar? Daniel Raventós opina que son los subsidios condicionados los que desincentivan el trabajo, puesto que cobrarlos está supeditado a no trabajar, mientras que la renta básica es compatible con tener un empleo. La ventaja de la renta básica es que la gente tendría más libertad a la hora de escoger un trabajo. Y, por ello, aunque no sea uno de sus objetivos, Raventós cree que la renta básica contribuiría a elevar los salarios de los trabajos más duros y que más difícilmente se podrían cubrir. Y, a la vez, dado que los costes laborales se incrementarían, ello sería un incentivo a la innovación tecnológica por parte de las empresas.

Un "pero" que se achaca a la renta básica universal es que la cobraría cualquiera, independientemente de cuál fuera su renta "de mercado": lo mismo Ana Botín que un desempleado de un sector en plena fase de robotización que difícilmente volverá a encontrar un empleo. Raventós replica que a partir del primer euro del sueldo, se tributaría por IRPF a un tipo único del 49 por ciento. De acuerdo con sus cálculos, saldría ganando el 80 por ciento de la población, mientras que el 20 por ciento más rico sería el que saldría perdiendo.

¿Cuánto costaría? Raventós y su equipo han calculado que para las personas que no tributan por IRPF el coste de su cobertura ascendería a los 62.854 millones de euros y para las personas que sí hacen la declaración de la renta, a los 217.237 millones de euros.

¿Cómo se financiaría? En primer lugar, con los más de 92.000 millones de euros que destina el Estado en subsidios y ayudas a la familia, a la vivienda, a las pensiones, a las prestaciones por desempleo, a becas... que serían sustituidas por la renta básica, y, por otro lado, por la reforma del IRPF que, además del tipo único sobre todas las rentas, incluiría una eliminación de las deducciones. "La financiación de esta propuesta se concreta mediante una gran redistribución de la renta, no mediante la creación de masa monetaria ni deuda", afirma Raventós.

¿Y si es necesario más dinero? Dado que la robotización es en parte responsable de la disminución del empleo, ¿plantearía impuestos a los robots? Comenta que, por el momento, sus propuestas son más clásicas, como el impuesto a las transacciones financieras, sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones, además de la lucha contra el fraude, la eliminación de los topes a las contribuciones a la seguridad social, subida del IVA reducido, que se podría hacer porque se vería compensado con la renta básica, los impuestos medioambientales...

Pero precisamente en la fuente de financiación de la renta básica universal -fundamentalmente el IRPF, los frutos de la cooperación social- ve una limitación Borja Barragué, profesor de filosofía del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Utilizando las palabras de Gintis y Bowles en su contribución al debate que organizó la Boston Review acerca de la renta básica en 1999, afirma: "Más allá de un umbral de necesidades básicas, los experimentos muestran que el concepto de justicia social que sostiene la gente incorpora un concepto (fuerte) de reciprocidad; es decir, la noción de que debería haber un equilibrio aproximado de derechos y obligaciones en el intercambio social". "La renta básica universal choca con esa noción de la justicia social como reciprocidad y que se activa a partir de cierto umbral de necesidades básicas", continúa Barragué. La renta básica es infinanciable al margen del IRPF, de los frutos de la cooperación social, en cuya génesis participarían unos como contribuidores netos y otros, como beneficiarios netos. Es ese desequilibrio el que podría explicar en cierto modo el rechazo social y la falta de apoyo político.

¿Resolvería el problema que el pago de esa renta básica se realice con cargo a otros impuestos diferentes al IRPF y que, por tanto, no gravarían el trabajo, sino el consumo, por ejemplo, o las nuevas tecnologías que contribuyen a reducir la necesidad de trabajadores? Barragué responde: "En ese caso seguramente estaríamos en un escenario distinto, también por lo que respecta a la cuantía. Una renta básica como la que plantean Arcarons, Torrens y Raventós es infinanciable al margen del IRPF. Y al menos en el País Vasco, quitar la renta de garantía de ingresos (RGI) para implantar una renta básica universal a un nivel infinitamente más bajo (pagado con cargo a imposición indirecta, o sobre no humanos) sólo para que sea universal, seguramente es hacer pan con unas tortas, como dice Joseba Zalakain".

Renta mínima garantizada

La renta garantizada, que sí está condicionada, tanto a no tener un empleo como a cumplir ciertos requisitos, le parece a Barragué una fórmula aceptable: por un lado, porque no asume que todo el mundo tiene un capital humano aproximadamente similar y que, de mostrar la voluntad suficiente, tendría una demanda en el mercado laboral; por otro, porque no es tan generosa con la gente más favorecida de la sociedad: "Las reformas del IRPF que incorporan todas las propuestas progresistas de renta básica universal harían que Amancio Ortega saliera perdiendo con su introducción. Pero pagarle también la renta básica universal a Amancio Ortega tiene una serie de problemas: encarece muchísimo la propuesta, perjudica las coaliciones pro-distribución porque te expone a la crítica fácil de por qué se paga a los más ricos y, desde el punto de vista estrictamente administrativo es un poco absurdo: ¿para qué darle una renta básica universal a Amancio si con la reforma del IRPF le voy a cobrar 37 rentas básicas?".

En relación con ello, además, Joseba Zalakaín, director del SiiS, Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga, comenta que la renta básica universal puede ocasionar una fractura social, puesto que provocaría la aparición de una parte de la población que ni trabajaría ni pagaría impuestos, mientras que otra parte de la población trabajaría y pagaría unos impuestos más altos. Habría dos categorías de ciudadanos.

Joseba Zalakaín defiende la garantía de ingresos que ya funciona en el País Vasco de manera generosa (mucho mayor que las rentas mínimas del resto de las autonomías), y eficaz, dado que la tasa de pobreza del País Vasco es la segunda más baja de España, con un 10,9 por ciento de la población sólo por detrás de Navarra (9,6 por ciento) y muy por debajo de la media nacional (22,1 por ciento).

Si lo que diferencia a la renta garantizada de la renta básica universal es que la primera es condicional, considera que precisamente debería mejorar en su condicionalidad, para que, por un lado, se destine a la gente que no puede trabajar, no a la que no quiere trabajar, para lo que es bueno crear incentivos al empleo, y, por otro, implique una menor intromisión de la Administración en la vida privada de los perceptores de esta renta y se facilite la gestión administrativa.

Zalakaín, en todo caso, ve más viable ir sumando prestaciones y mejoras parciales, como la creación de una renta para todos los niños, que ya se reparte en los países europeos más avanzados, o extender a toda España la garantía de ingresos vasca, incrementar las pensiones más bajas..., por ejemplo, que pasar de la noche a la mañana a una renta básica universal, aunque ésta pueda tener consecuencias beneficiosas, como contrarrestar la precarización del mundo laboral, dar mayor poder de negociación a los trabajadores, o una gestión burocrática más fácil de las ayudas.

¿Qué propuestas de financiación propone Zalakaín? Reconoce dificultades a la tributación de los robots, pero también considera difícil mantener y desarrollar el sistema de prestaciones sociales con los ingresos actuales del Estado. "España tiene margen de mejora de los ingresos públicos con las figuras tradicionales de Patrimonio, IVA, impuestos medioambientales.... Sin la invención de nuevos impuestos, hay margen de mejora", comenta. Pero añade que los países con más cultura fiscal también están mostrando que la recaudación impositiva tiene un techo, también están mostrando límites a la recaudación.

Además, apunta que es necesario un modelo productivo sólido: una economía 'low cost' y de bajo valor añadido no genera ni empleo de calidad ni recursos 'gravables'. Así, señala el acierto del País Vasco en la reconstrucción industrial de los años ochenta, que ha favorecido una mayor tasa de empleo y mayores recursos para gasto social (a lo que hay que sumar también el cupo vasco).

Hacia esa mejora del actual sistema de protección social camina la Iniciativa Legislativa Popular que han llevado los sindicatos al Congreso y que se está tramitando. Como explica Carlos Bravo, secretario de protección social y políticas públicas de CC.OO., su renta mínima garantizada busca llegar a dos colectivos a los que no alcanzan las rentas mínimas autonómicas: las personas que sufren pobreza severa y exclusión social y los parados de larga duración, en total, a 2,4 millones de personas, en cuyos hogares viven 6 millones de personas. La prestación sería modesta, de 426 euros al mes, que se elevaría según el número de dependientes en el hogar. La renta garantizada sería compatible con otras prestaciones siempre que no se supere el 75 por ciento del salario mínimo, y también con un trabajo, aunque de manera temporal. Además, iría acompañada de un plan de choque por el empleo.

Impuesto negativo

Aludiendo a las limitadas posibilidades presupuestarias del presente, Manuel Escudero, asesor especial de la ONU, coordinador del foro de Economía Progresista y autor de la propuesta económica de la candidatura de Pedro Sánchez para las primarias socialistas, afirma que si bien en el horizonte podríamos contar con una renta básica universal por la expulsión creciente de trabajadores de los procesos productivos, de manera más inmediata cree necesarias medidas de choque compatibles con un contexto económico con una deuda pública en el cien por cien del PIB, cifra que sube hasta el 240 por ciento si se tiene en cuenta la privada. Y propone el impuesto negativo como mecanismo para articular esa medida de urgencia contra la pobreza, que puede ir creciendo a medida que la situación económica y presupuestaria mejore y que la expulsión del trabajo asalariado vaya produciéndose, puesto que la vocación del impuesto se estructural: buscaría insertarse en el sistema fiscal español.

¿Cómo se articularía ese impuesto negativo? Según explica Escudero, tomando como referencia el mínimo exento de tributación del IRPF: el Estado garantizaría un ingreso equivalente a esa cantidad. Para esa transferencia de los ingresos que le faltarían a cada contribuyente para alcanzar ese mínimo, la Agencia Tributaria utilizaría el mismo mecanismo al que está acostumbrada para realizar las devoluciones todos los años. En un primer momento de aplicación, podría transferirse la diferencia, o un porcentaje, para que su implantación no implicara un shock presupuestario. Y progresivamente, podría irse mejorando, bien ampliándose ese porcentaje, bien incrementándose el límite de exención, o introduciéndose multiplicadores en función de las personas dependientes a cargo del contribuyente.

Manuel Escudero argumenta que, por el nivel de la prestación, no desincentivaría el trabajo: la gente preferirá trabajar antes que recibir el impuesto negativo. Aunque trabajar no será un motivo para dejar de percibir esta prestación, puesto que estaría diseñada para completar rentas, tengan éstas la procedencia que tengan, hasta alcanzar el mínimo exento.

Otra ventaja que aporta es que afloraría economía sumergida, puesto que hacer la declaración de la renta de esas pequeñas rentas obtenidas en negro tendría la recompensa de un ingreso adicional.

La filosofía de fondo del programa económico diseñado por Escudero parte de que el trabajo es esencial y su planteamiento central es la ruptura del modelo salarial actual, mientras que en la cuestión fiscal busca una mayor proporcionalidad, porque la brecha entre el 20 por ciento más rico de la población y el 20 por ciento más pobre se está ampliando.

Por su carácter dinámico y flexible, por su capacidad de adecuarse a los tiempos, Escudero comenta que el impuesto negativo "es probablemente la fórmula que más recorrido puede tener cubriendo hoy el plan de choque contra la pobreza y en el futuro a los desplazados por la economía digital". Para Joseba Zalakaín, es un mecanismo muy útil: "Ir fusionando la fiscalidad y las prestaciones es la vía que hay que seguir sin duda, porque es la más ágil y la más transparente".

El complemento salarial

La cuarta idea que ha surgido en los últimos años ha sido el complemento salarial. En España lo propuso Ciudadanos en la campaña electoral para las elecciones generales, justificado por el volumen creciente de trabajadores pobres. En los últimos días, el secretario general del partido, José Manuel Villegas, anunciaba que estaba negociando con el Gobierno los últimos detalles del complemento salarial para jóvenes menores de 30 años que estén trabajando y a la vez formándose y que podría rondar los 400 euros mensuales. La propuesta incluye que esta cifra se financiará con los fondos de garantía juvenil de la Unión Europea. Una de las críticas que se ha vertido sobre esta modalidad es que supone una subvención a las empresas para mantener bajos los salarios, riesgo que, por ejemplo, señala Carlos Bravo. 

Como comenta Zalakaín, los complementos salariales existen en Reino Unido o en Estados Unidos y en ningún país se han reducido los salarios. Y, de cualquier manera, como apunta Zalakaín, es consecuencia que también se podría achacar a la renta básica universal, puesto que todos los trabajadores contarían con un colchón de renta que les podría llevar a aceptar un trabajo con bajo salario.

Para Borja Barragué, "el complemento salarial seguramente es más compatible con esa noción de la justicia como reciprocidad que por lo visto llevamos incorporado en el disco duro mental porque la gente que lo percibiría estaría cooperando a la generación de producto social y además tiene el objetivo (aunque quizá implícito) de satisfacer ese umbral de necesidades fundamentales". Alude otra vez a Herbert y Gintis: "Creemos que la generosidad en las necesidades básicas y la fuerte reciprocidad están entre las normas que las personas están predispuestas a aceptar". 

Zalakaín afirma que el complemento salarial sería muy positivo para reducir la pobreza entre los asalariados, pero debería acompañarse de otra prestación destinada a los que no pueden trabajar. Y José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, coincide: cree que la propuesta más viable sería la combinación de una renta garantizada de 680 o 690 euros con un complemento salarial hasta alcanzar una renta total de entre 900 y 1.000 euros. La financiación de esta propuesta podría realizarse, como explica Noguera, reasignando las políticas asistenciales que se realizan en este momento, así como el presupuesto de políticas activas de empleo, que no son demasiado eficaces, además de con la reforma fiscal que elimine exenciones y deducciones que restan capacidad recaudatoria a los impuestos. En total, cree que se necesitarían entre 13.000 y 14.000 millones de euros al año.

¿Qué lugar debe ocupar el impuesto a los robots?

Ya hemos visto que alguno de los expertos partidarios de algunas de las modalidades de prestaciones ven margen para mejorar los ingresos del Estado incrementando la capacidad de recaudación de los impuestos existentes o ya conocidos, mientras que muestran cierto escepticismo respecto a la conveniencia o la capacidad de establecer tributos especiales sobre los robots.

Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, sistematiza en varias las dificultades que presentaría el establecimiento de impuestos a los robots: una de las principales sería la identificación de lo que es un robot y lo que no; además, si con la digitalización las empresas sustituyen trabajadores y con ello son capaces de generar más beneficios, ese beneficio extra, como todos los demás, ya estaría gravado por el Impuesto de Sociedades; además, el establecimiento de un impuesto específico sobre las plusvalías generadas por los robots tendría el problema de que se estaría "castigando" el progreso. Por eso, Manuel Escudero considera que aún no ha llegado el momento de poner un impuesto sobre los robots.

Pero Santiago Calvo, de Pedrós Abogados, señala que sí sería posible establecer un impuesto específico, calculando, por ejemplo, el beneficio que generan los robots o el número de trabajadores a los que ha sustituido una máquina. Con ello, podría complementarse la financiación de las pensiones, por ejemplo.